Entre enero de 2013 y noviembre de 2014, se registraron en Bolivia 206 casos de feminicidio. Sólo ocho juicios llegaron hasta la sentencia, apenas un 4%. La investigación “Feminicidio en Bolivia. Acceso a la justicia y desafíos del Estado boliviano”, realizada por Alianza por la Solidaridad, revela que este desajuste se debe a que las familias de las víctimas se encuentran con al menos 15 obstáculos en su búsqueda de Justicia.

Un 75% de mujeres en situación de violencia reincidente no denuncia. Del total de mujeres que declaran haber sufrido violencia en sus hogares, el 53% no lo denuncia y sólo poco más de un 17% realiza la denuncia. Según la Organización Panamericana de la Salud (2013), Bolivia tiene el más alto nivel de violencia física reportado por mujeres de 15 a 49 años en toda Latinoamérica.

Los resultados de la investigación señalan como principales obstáculos el retraso en el procedimiento judicial: la demora en la solicitud de pruebas de laboratorio, llegando ia perderse exámenes  científicos y no científicos; la falta de formación del funcionariado  que investiga los delitos; el cobro de los gastos de transporte, fotocopias, impresión de fotografías y otros en estas investigaciones, y la mentalidad patriarcal predominante entre los que están a cargo de los casos.

La investigación, que hemos elaborado durante los últimos 6 meses, junto a nuestras aliadas el Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza, la Oficina Jurídica para la Mujer y la Fundación Paz y Esperanza, en los municipios de El Alto, Quillacollo y Santa Cruz, en Bolivia, se desarrolló a través de la revisión exhaustiva de ocho casos.

En definitiva, tanto las familias de las víctimas de estos casos como los y las fiscales implicados ponen de manifiesto que la Ley 348 para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia no es efectiva.

Recomendaciones al Estado boliviano

Por ello, las organizaciones de la sociedad civil exigen al Estado  boliviano adoptar medidas destinadas que eliminen estas barreras, así como a impulsar un verdadero acceso a justicia y reparación para las mismas.

Entre las medidas recomendadas, en el país latinoamericano con el nivel más alto de violencia física contras las mujeres, después de Haití, se pide la especialización y sensibilización del personal encargado de la atención e investigación de los delitos de violencia de género y de los casos de feminicidio; aumentar el número de fiscales que atiendan con “exclusividad” estos delitos, crear laboratorios del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) en todos los departamentos y disponer de los medios suficientes para recoger evidencias en la escena del crimen, entre otras.

Algunas cifras

El Observatorio “Manuela” del CIDEM, basándose en el monitoreo de medios de comunicación, reportó en el año 2013 un total de 110 casos de feminicidio. Esta misma fuente registró entre enero y octubre de 2014 un total de 103 casos. Estos datos tienen por fuente las noticias en medios de prensa por lo que se estima que la cifra puede ser mayor.

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