Conseguimos, junto con otras 94 organizaciones civiles, que la ONU cree una Comisión internacional para investigar los actos de Gaza

Desde hace días, 95 organizaciones civiles, entre las que se encuentra Alianza por la Solidaridad, hemos firmado una carta dirigida al Consejo de Derechos Humanos donde exigimos con extrema urgencia la creación de una Comisión de investigación sobre las violencias desmedidas llevadas a cabo por las fuerzas militares de Israel contra las manifestaciones en Palestina.

 

Este fin de semana hemos conocido como el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha aprobado la creación de dicha comisión internacional para investigar estos actos virulentos de Israel en la franja de Gaza que han dejado más de un centenar de muertos y miles de heridos. La resolución obtuvo 29 votos a favor, 14 abstenciones y dos en contra (EEUU y Australia).

 

Como se pedía en nuestra misiva, esta comisión investigará las supuestas violaciones de los derechos humanos cometidos desde el 30 de marzo ante el muro de separación de la franja de Gaza.

 

Michael Lynk, relator especial de la ONU para los Derechos Humanos de los Palestinos, calificó los acontecimientos en la franja de Gaza de “asesinatos deliberados” y “crímenes de guerra” imputables ante la Corte Penal Internacional. Uno de los puntos clave que las 95 organizaciones firmamos en la carta entregada al Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

 

Alianza por la Solidaridad trabaja desde 1993 en el territorio palestino y, concretamente en Gaza, apoya a organizaciones locales a desarrollar trabajos de salud en clínicas y contra la violencia de género. Nuestros proyectos atienden de forma global a más de 10.000 mujeres al año que necesitan tanto atención sanitaria específica (ginecológica, prevención familiar, preparación al parto) como atención psicológica y/o legal en diferentes casos.

 

Actualmente, con las cada vez más severas restricciones del gobierno israelí en cuanto al suministro de recursos tan básicos como la electricidad, hemos visto muy afectados los servicios más básicos e incrementado la inversión que supone la consecución de alternativas, normalmente más caras y menos fiables, como, por ejemplo, generadores cuyo funcionamiento es limitado.

 

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