La reciente Cumbre de Cambio Climático, COP 27, ha traído consigo algunas sorpresas, no todas positivas.

Una nueva COP con viejos resultados

Desde una perspectiva continuista con anteriores citas, hecho ya en sí preocupante ante la situación de emergencia climática en que nos encontramos, abordó muy tímidamente temas proyectados desde anteriores Cumbres para resolverlas en esta COP 27, como las cuestiones vinculadas a la reducción de emisiones de gases efecto invernadero, blindar el compromiso para no superar el 1,5°C de aumento de temperatura, el fin progresivo a las subvenciones de los combustibles fósiles, los mercados de carbono o la financiación climática para adaptación. Teniendo como resultado de nuevo: dilaciones, inconcreciones, temas y debates clave pospuestos, ausencias y dudas, … siempre dudas.

Hay una evidente realidad. El coste económico de las emergencias climáticas, como las inundaciones, los ciclones y las sequías, está provocando la devastación y endeudando aún más a los países empobrecidos y del Sur global más castigados por estos fenómenos. En lugar de ofrecer un alivio de la deuda después de una catástrofe climática, los países a menudo se ven obligados a sacar fondos del erario público, desviando fondos de los servicios públicos y adoptando medidas de austeridad muy duras para poder pagar a sus acreedores.

Estos recortes de los gobiernos en servicios públicos esenciales, para cubrir los costes de la recuperación de los desastres climáticos y para pagar la deuda, hacen que millones de personas queden atrapados en los ciclos de pobreza y desigualdad, pierdan sus derechos, sus oportunidades de desarrollo y los salvavidas clave para salir de la situación en la que se encuentran.

Como bien indicaba en la COP, Teresa Anderson, directora global de justicia climática de ActionAid (federación de la que Alianza por la Solidaridad es miembro):

«Tras las catástrofes, hay una oportunidad para ayudar a las comunidades a superar las crisis, recuperarse y reconstruir. Pero si no hay ayuda, es probable que los países caigan en una espiral de pobreza. Los recortes al erario público significan que las comunidades que más lo necesitan pierden los salvavidas fundamentales para salir de la precariedad, como la inversión en educación, sanidad y adaptación al clima».

Cada vez más emergencia climática

Las situaciones de problemas y desastres ambientales empiezan a dejar de ser contingentes, dándose cada vez como más ciertas, más recurrentes y también más duras. Al margen de los riesgos en los países desarrollados que vamos viviendo, la actual y devastadora sequía en Etiopía, Kenia y Somalia está dejando a las comunidades a merced de la crisis alimentaria mundial, con consecuencias fatales.

Las personas que pierden sus cosechas y su ganado no pueden permitirse comprar alimentos debido a los altos precios desencadenados por la guerra en Ucrania. Las subidas de precios a nivel local en las zonas del Cuerno de África afectadas por la sequía son mucho, mucho más pronunciadas que las medias mundiales, y afectan cruelmente a las personas y comunidades más marginalizadas o excluidas.

• Mientras que los precios medios de los alimentos en Europa aumentaron un 3,15% en los dos meses siguientes a la guerra en Ucrania, las comunidades locales de África Oriental experimentaron subidas de precios mucho más extremas. Por ejemplo, en Somalia, algunas comunidades se enfrentaron a subidas de precios del 163% para el trigo, el 86% para la leche y el arroz.
• Más de 1 de cada 9 personas corre el riesgo de morir de hambre en toda África Oriental.
• Más del 40% de la población de Somalia se enfrenta a una grave inseguridad alimentaria desde octubre.
• Casi el 55% de los niños somalíes sufren desnutrición aguda o grave.
• El número de personas que se enfrentan al hambre en la región es más del doble de la población de Suecia, o más de cuatro veces la población de Irlanda.

Las pérdidas y los daños causados por el cambio climático dejan una larga sombra en la vida de las personas durante años, décadas o incluso generaciones. Además, es importante tener en cuenta la cuestión de género. Durante las catástrofes climáticas, las mujeres y las niñas se ven afectadas de forma desproporcionada por el hambre, los desplazamientos forzosos, la violencia y el riesgo de explotación. Y tras las catástrofes, con los presupuestos nacionales, las mujeres son las primeras en perder el acceso a servicios públicos, como la educación y la sanidad.

Además, ellas son las que tienen mayor dificultad para acceder a los recursos y fondos para la recuperación o a los espacios de tomas de decisión tras los desastres. También son las que más sufren cuando se recortan los puestos de trabajo en los servicios públicos. Asimismo, cuando se recortan los servicios públicos en el sector de los cuidados, son las mujeres y las niñas las que deben llenar el vacío de cuidados con su tiempo y trabajo no remunerado, lo que afecta a su propia educación y su capacidad de obtener ingresos.

Por tanto, la Justicia Climática es una herramienta esencial para atemperar las desigualdades.

Derechos y desigualdades

Es fundamental que las COP pongan el enfoque de derechos en el centro de la acción climática. Lo cierto es que, en tanto los bienes naturales son bienes comunes, son generadores de derechos. Y, si existe ese derecho, también existe la demanda de su cumplimiento, pues todo derecho apunta a la justicia como resultado.

Por tanto, reclamar Justicia Climática no es un hecho subjetivo sino objetivo, en tanto hace parte del Derecho. No es solo una cuestión ética o política, sino que está dentro de nuestro entramado social, convivencial y democrático. Es clave analizar dónde recae la responsabilidad del cambio climático y la deuda histórica de los países ricos e industrializados con respecto a los países empobrecidos que están viviendo las peores consecuencias de dicho cambio climático.

La Justicia Climática es imprescindible para el uso equitativo de los bienes naturales (recursos), evitando recorrer caminos de apropiación monopolística de los mismos que pudieran derivar en ecofascismo. Estas desigualdades son claramente perceptibles en algunos casos como los que señalamos a continuación:

• Países empobrecidos o áreas socialmente deprimidas en la gran mayoría de los casos son áreas ambientalmente degradadas donde se plantean, además, acciones que incidirán en mayor medida en esa degradación. Así, las actividades extractivas (minería, energética, sobrepesca, etc.), en la gran mayoría de los casos, producen graves disfunciones en las poblaciones humanas de esos territorios. Los procesos de inundaciones, que irán in crescendo con el cambio climático, afectan en mayor medida a áreas degradadas, en llanuras de inundación de alto riesgo (huracán Katrina, inundaciones en zonas deforestadas en Centroamérica, inundaciones de zonas de ribera en muchos casos…). La instalación de vertederos u otras plantas en áreas rurales despobladas que sufren por contaminación inducida de las aguas que son utilizadas para riegos, básicos para la alimentación de la zona (también sigue existiendo el tráfico ilegal de residuos a países del Sur global).
• Otra fuente de desigualdades socioecológicas viene de los accesos diferenciales a los recursos naturales esenciales para la vida humana. A este nivel destacan algunos casos claros, interrelacionados:

El Cambio Climático que está catalizando procesos de sequía preexistentes que generan hambrunas que, a su vez, provocan desplazamientos en masa, migrantes ambientales o climáticos que pueden actuar de catalizador de conflictos bélicos.
El acceso al agua es un derecho humano y no se cumple en muchos lugares del planeta donde persisten enormes desigualdades sociales.

El suelo. Grandes territorios (África) están siendo comprados (acaparados) y monopolizados por fondos de inversión para asegurar su uso agrícola y el control financiero de precios de productos agrícolas. Esos suelos, comprados a bajísimo coste en áreas y países con legislaciones más laxas, con Estados e instituciones más debilitados, en núcleos indígenas, están incidiendo en un desequilibrio que no solo afecta (y mucho) a los antiguos propietarios de las tierras prácticamente expulsados, sino al equilibrio de poder de todo el planeta.

Energía. Áreas con subsuelo rico en combustibles fósiles, petróleo o gas siguen siendo expropiadas a costa de extracciones que producen efectos irreparables en los ecosistemas y en las estructuras sociales. En paralelo a esto, está la minería de metales (litio, cobre, cobalto, Tierras Raras…) que son básicos para las energías renovables y cuyos efectos en las poblaciones son igualmente dañinos (recordemos el coltán).

Apropiación de la biodiversidad. La sobreexplotación de recursos, el calentamiento global y cambios en los hábitats naturales suponen una amenaza para distintas especies animales y pérdida de biodiversidad. Por su parte, la especulación con los genes, una ingeniería genética que genera intrínsecamente predominio monopolístico en las patentes por parte de un reducido número de grandes corporaciones multinacionales que imponen sus productos (semillas) a productores agrícolas mediante concierto con los Estados que asumen sus condicionantes lobbysticos.

Restituir ante las pérdidas y daños

La lucha por proteger a las personas y los países más vulnerables ante los riesgos del Cambio Climático ha sido un tema crucial en la lucha por la justicia climática global desde hace muchos años. Desde que la COP 19 de Polonia en 2013 (!) establecía el mecanismo denominado de Varsovia, sobre Pérdidas y Daños, este ha sido un tema pendiente y sobre el que hacer incidencia en la Agenda global.

Por fin y tras muchos años de negociaciones, en esta COP 27, la cuestión de las pérdidas y los daños se incluyó como punto permanente en la agenda de conversaciones de la ONU sobre el clima. Los grandes países y regiones contaminantes, como Estados Unidos, Reino Unido y la UE, reconocieron que se necesitaba urgentemente financiación para ayudar a las comunidades a reconstruir y recuperarse tras los desastres climáticos.

Al comentar el resultado final de la COP 27, Teresa Anderson dijo:

«Este fondo para pérdidas y daños debería haberse creado hace mucho tiempo y es realmente sorprendente que los países ricos hayan tardado tanto en ponerse de acuerdo para ayudar a los más perjudicados por los impactos climáticos. Para las personas que están en primera línea de la crisis climática, esto ofrece la esperanza de que habrá un fondo para ayudarles a recuperarse y reconstruir tras los desastres. Todavía quedan batallas por delante para abordar cuestiones clave sin respuesta, pero por ahora este es un punto de partida crucial».

El fondo de pérdidas y daños apoyará la recuperación tras los impactos climáticos destructivos causados tanto por catástrofes repentinas, como ciclones e inundaciones, como por impactos de evolución lenta, como desertificación o subida del nivel del mar. Garantizará que los agricultores puedan ser indemnizados si pierden sus medios de vida, que se puedan reconstruir las viviendas y que se salven las tradiciones.

Tras la COP, quedan pendientes temas esenciales como cuánta financiación tendrá el nuevo fondo, quién debe aportar, qué países se van a poder beneficiar exactamente, cómo se definirán las actuaciones subvencionables… Pero, sin duda, es un paso esencial para paliar las desigualdades que el cambio climático produce.

Artículo escrito por Alberto Fraguas, asesor de Sostenibilidad de Alianza por la Solidaridad-ActionAid, e Isabel Iparraguirre, coordinadora de Transición Ecológica e Innovación de Alianza por la Solidaridad-ActionAid.