El próximo miércoles, 10 de mayo, presentaremos la Iniciativa Legislativa Popular para una Regularización Extraordinaria de personas migrantes en España en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso de los Diputados.

Antes del Congreso de los Diputados

Durante el año 2022, unidas en la Plataforma Esenciales, 14.000 personas voluntarias, procedentes de más de 900 organizaciones sociales, conseguimos presentar 611.821 firmas válidas ante la Junta Electoral Central. Un hito muy significativo ya que solo una de cada diez ILP consigue superar las 500.000 firmas que exige la Ley Orgánica de Iniciativas Legislativas Populares para iniciar el trámite legislativo en el Congreso de los Diputados.

Esta gran movilización ciudadana, de una enorme diversidad ideológica y religiosa, ha convertido esta ILP en una de las iniciativas legislativas que ha recibido más apoyo popular de la historia democrática española. Un trabajo coordinado entre la comisión promotora conformada por el movimiento autoorganizado de personas migrantes Regularización YA, la Fundación para la Ciudadanía Global, REDES, la Fundación porCausa, el partido Por Un Mundo Más Justo, nosotras, Alianza por la Solidaridad-ActionAid, y las más de 14 mil personas autoconvocadas en todo el territorio español.

Ejemplo de ello es el apoyo recibido de más de 80 ayuntamientos españoles que, tras aprobar una moción en su pleno, a petición del Movimiento Regularización YA, han enviado al Congreso de los Diputados su apoyo a la iniciativa. Entre estos territorios destacan el Cabildo de Tenerife, la Diputación de Cádiz, el Parlamento Vasco, asimismo ciudades como Barcelona, Valencia, Bilbao o Santiago de Compostela, por mencionar algunas. Estas mociones han contado con el respaldo de una diversidad casi completa del espectro ideológico.

Motivos para la regularización

La irregularidad condena a miles de personas, más de 500 mil, a la explotación laboral, la invisibilidad frente a las instituciones, la desprotección legal o la exclusión de facto de servicios públicos esenciales como la educación y la sanidad. Cerca de una tercera parte de las personas en situación administrativa irregular son niñas y niños menores de edad, lo que supone una grave amenaza para sus derechos más básicos.

Además, la irregularidad conlleva la pérdida de un gran aporte económico y fiscal para el conjunto de la sociedad española. La inmensa mayoría de los migrantes adultos en situación administrativa irregular trabajan en sectores de difícil ocupación. Una estimación reciente de la Fundación por Causa y la Universidad Carlos III calcula que cada trabajador regularizado supondría una aportación fiscal neta media de 3.250 euros por persona y año.

Por eso, la ILP reclama una regularización extraordinaria de quienes ya viven y trabajan en nuestro país ante la lentitud de los procedimientos ordinarios que impiden su acceso a derechos. Una iniciativa que no es ajena a prácticas políticas estatales y europeas ya que, desde 1996, se han promovido 9 regularizaciones extraordinarias, tanto por gobiernos del Partido Popular como del PSOE.

De esta manera, instamos al Gobierno de turno a atender con carácter de urgencia este reclamo popular y participativo, y brindar a más de medio millón de personas migrantes la oportunidad de una vida digna con plenos derechos.