En la región en la que trabaja Alianza por la Solidaridad en los ríos NAya y Mayorquin (Buenaventura) hemos tenido ocasión de visitar gran cantidad de madres comunitarias.

Esta forma de organización social que consistía en hogares de madres y niños acogidos no fue reconocido hasta los 80s. Antes era ilegal. Pero tras una década de movilización el gobierno lanzó un programa oficial en el que las madres comunitarias fueron enroladas y las mujeres comenzaron a considerarse empleadas del gobierno bajo la categoría de voluntarias.

Hoy en día existen cerca de 82.000 madres comunitarias que trabajan en sus hogares cuidando a otros niños. habitualmente entre 12 y 14. Como contrapartida las madres comunitarias reciben el coste de comida, utensilios de cocina, materiales educativos y otros. El programa también incluye formación para estas mujeres y un bonus, pero que no llega al mínimo legal.  Se trata a veces, en nuestra opinión , de una transferencia de las obligaciones del estado a estas madres, que elude la responsabilidad del propio gobierno.

El estado ha fallado en políticas que resuelvan las necesidades mínimas de los desplazados y que incrementan la presión en la vivienda, educación, salud y servicios básicos. La mayoría de los niños desplazados terminan en estos hogares comunitarios en los que aún queda mucho por resolver.

Alianza por la Solidaridad trabaja desde hace años en Colombia apoyando el trabajo de los hogares comunitarios en sus necesidades básicas de salud, educación, alimentación y vivienda. Y lo que es más importante, les ayuda a defender sus derechos.

Escrito por Carmen Miguel, voluntaria de Alianza por la Solidaridad en Colombia

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