El coronavirus agrava la situación de líderes ambientalistas encarcelados en América Latina

Cientos de líderes campesinos y ambientalistas de todo el mundo, muchos de origen indígena, se encuentran atrapados en sistemas penitenciarios en sus países. Las condiciones que ya antes ponían en riesgo su salud, e incluso su vida, están empeorando con motivo de la pandemia de coronavirus. A la falta de higiene y de una sanidad básica se suma que, tras decretarse el confinamiento en muchos países, no pueden recibir visitas. Como consecuencia, no pueden recibir el apoyo económico que necesitan para sobrevivir en unos establecimientos sobresaturados y de condiciones insalubres.

Este 17 de Abril, con motivo del Día Internacional de la Lucha Campesina, Alianza por la Solidaridad-Action Aid recuerda que la criminalización de líderes ambientales es una constante en muchos países como Guatemala, El Salvador o Colombia, en donde está presente. Sólo en Guatemala, entre 2012 y el 2017 hubo 909 actos de criminalización contra personas defensoras de derechos. Muchas terminaron en procesos judiciales y encarceladas ante la presión de las empresas a las autoridades judiciales. En Colombia, Naciones Unidas también ha denunciado recientemente el elevado número de casos de criminalización de líderes indígenas y afrocolombianos.

Participar en manifestaciones, convocar actos de protesta o informar a las comunidades sobre proyectos que afectan a los recursos naturales bastan para generar denuncias de quienes consideran que la defensa de los derechos de las comunidades afecta a sus intereses económicos. La falta de conocimientos legales o de recursos para poder tener una defensa adecuada o la presentación de pruebas falsas pueden acabar en condenas judiciales para los y las líderes ambientalistas, cuyos recursos de apelación tardan hasta meses o años en procesarse.

El caso de Bernardo Caal

En Guatemala, Alianza por la Solidaridad-Action Aid sigue de cerca el caso del líder q’eqchí Bernardo Caal Xol, preso en la cárcel de Cobán (Alta Verapaz) desde enero de 2018, tras ser condenado a más de siete años de prisión como consecuencia de su defensa del río Oxec y del río Cahabón, donde se llevan a cabo la construcción de dos grandes hidroeléctricas: Oxec y Renace. Está última realizada por la transnacional española ACS para una compañía guatemalteca.

María Caal, hermana del líder ambientalista, maestro de una comunidad, muestra la preocupación por su estado, especialmente desde que no pueden ir a visitarle porque en Guatemala se ha suspendido el transporte público desde el pasado 13 de Marzo, como medida para frenar la pandemia del COVID-19: “Estamos muy preocupados por Bernardo porque las condiciones en la cárcel son muy malas y no podemos ir a Cobán, a cuatro horas de distancia, para llevarle algo de dinero o comida. La que dan en las cárceles en este país no es suficiente para no enfermar, apenas un poco de arroz o fríjoles. Tampoco tenemos información de cómo se encuentra”, señala su familiar.

Desde la prisión, en una carta manuscrita que ha logrado enviar en los últimos días, Bernardo Caal recuerda que ya lleva 19.000 horas en la cárcel por la defensa del agua de ríos que hoy es fundamental para decenas de miles de personas: “La OMS recomienda lavarse las manos continuamente con agua y jabón para prevenir contagios del COVID-19 y, sin embargo, las comunidades del pueblo maya q’eqchí están privadas del agua”. Se refiere al expolio del agua realizado por las hidroeléctricas a las más de 29.000 personas que viven en torno a ambos ríos.

Graves impactos en el medio ambiente

Alianza por la Solidaridad-Action Aid ha llevado a cabo diferentes investigaciones sobre el impacto de proyectos extractivistas de grandes empresas en América Latina. Uno de los más importantes es el caso Renace, por el que más de 29.000 indígenas quekchí (Alta Verapaz, Guatemala) están en peligro por la construcción del complejo hidroeléctrico Renace. Tras dos años de investigación se han podido comprobar los graves impactos que ha tenido sobre el medio ambiente y las comunidades indígenas.

Desde la organización se hace un llamamiento a la comunidad internacional para que se tomen medidas respecto a los países en los que la situación legal y humanitaria de estos líderes y lideresas que defienden derechos sociales y ambientales vulnera el derecho internacional.

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