El hostigamiento y la criminalización de líderes indígenas que defienden su territorio y el acoso a organizaciones sociales está aumentando a pasos agigantados. Lo hace desde las instituciones judiciales de Guatemala, que están deteniendo, bajo acusaciones arbitrarias, a personas defensoras de derechos humanos y ambientales.

En los últimos días, la lideresa maya del pueblo poqomchí Sofía Tot y el líder Cristóbal Pop han sido detenidos tras participar en acciones de protesta medioambiental. Esto ocurre apenas semanas después de que saliera de prisión el defensor de los ríos Bernardo Caal Xol. Más de cuatro años estuvo encarcelado por una condena basada en un proceso lleno de irregularidades, como constataron organizaciones internacionales.

Cristóbal Pop

Apenas unos días antes del arresto de Sofía Tot, el pasado 14 de junio, fue detenido Cristóbal Pop. Autoridad de los Cuatro Consejos de Autoridades Ancestrales Maya Q´eqchi´ y presidente de la Gremial de Pescadores del lago Izabal, Pop participó en una protesta pacífica (un ‘plantón’) en las cercanías del proyecto minero Fénix, perteneciente a una empresa subsidiaria de la compañía de capital ruso-suizo Solway Investment Group.

Cristóbal Pop y el resto de líderes acababan de denunciar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el Estado los despojó de sus tierras y las registró a nombre de personas y empresas ilegalmente, produciendo conflictos agrarios. Consideran también que el Ministerio de Energía y Minas (MEM), en lugar de proteger los bienes naturales, ha cedido a los intereses mineros. Lo ha hecho porque no se ha realizado la consulta previa, libre e informada que marca la normativa internacional en lo que afecta a pueblos indígenas, el Convenio 169 de la OIT. Por último, solicitaban a la CIDH medidas cautelares por los ataques y amenazas que ejercen Solway y sus simpatizantes sobre las autoridades q´eqchi´.

“En el lago Izabal encontramos muertos manatíes, tortugas, peces, lagartos, por los químicos que vierte la minera tras procesar el níquel. Pero las autoridades no hacen nada. Aquí, en Guatemala, los tres poderes están cooptados por la corrupción. Ya han logrado que tenga una orden de captura. Pero, sobre todo, tengo miedo de que se metan con mi familia, como ya ha pasado en casos cercanos”, declaraba recientemente Pop.

Sus temores se han cumplido.

Libertad para Cristóbal

Instamos a la comunidad internacional y al Gobierno español a que exijan al Estado de Guatemala la inmediata puesta en libertad de los y las defensoras de derechos que sufren este brutal acoso. También, que presionen para el total cumplimiento de los derechos humanos y ambientales en las comunidades, hoy abandonadas en manos de grandes proyectos extractivistas.