La reforma denominada Decreto 5257 pone en grave riesgo el trabajo de que Alianza por la Solidaridad realiza en Guatemala. Un país donde el 83% de la población está en situación de extrema pobreza, según datos de la ONU. Esta reforma, de aprobarse en el Congreso de los Diputados, dificultará fundamentalmente la actividad de las ONG defensoras de los derechos humanos en un momento en el que el Gobierno guatemalteco está siendo cuestionado, acusado de corrupción, y el que muchos lideres y lideresas defensores de derechos son perseguidos, acosados, criminalizados e incluso asesinados.

Este Decreto 5257, incluido ya en la agenda de trabajo parlamentario, está apoyada por la mayoría conservadora. Por este motivo, las organizaciones soles han hecho llegar una carta a todos los parlamentarios de Guatemala donde les piden que retiren para siempre esta reforma. La ONU, a través del relator Michel Forst, ha manifestado su preocupación por los impactos negativos que tendrá para las ONGs.

La reforma obligará a las ONG a inscribirse en una serie de tipologías, entre las que no se incluye la existencia de organizaciones de defensa de derechos humanos. También se les obliga a circunscribir su trabajo exclusivamente a lo que pone en sus estatutos y en un ámbito territorial determinado, al margen de los acontecimientos imprevisibles que puedan ocurrir, con el riesgo de ser suspendidas si vulneran estos límites.

Además se establecerá la posible cancelación de las ONGs si sus actividades son “contrarias a la ley y al orden público”. Es decir, un mero incumplimiento administrativo de las obligaciones registrales podría ser causa de su cierre. Por otro lado, respecto al “orden público”, en Guatemala está definido en una ley de 1970 la calificación como vulneraciones de ese orden la defensa de los derechos humanos. Con esta nueva reforma, no queda claro ni qué autoridad decidirá sobre la disolución de las ONGs ni en qué condiciones, dando vía libre a la arbitrariedad.

Otro polémico punto es aquel en el que se corresponsabiliza económicamente a todos los miembros de una ONG en el caso de problemas institucionales, olvidando que muchas de las personas que trabajan en ellas son voluntarias y no reciben ningún salario.

La situación que se plantea complica el mantenimiento de los acuerdos con la cooperación internacional, en gran medida española, dado que las ONG como Alianza y Action Aid trabajan con organizaciones de base nacional que podrían ser cerradas por causas intrínsecas a su trabajo de defensa de los derechos humanos. Todo ello en un contexto en el que Gobierno actual, presidido por Jimmy Morales, no logra ejecutar sus presupuestos anuales, por lo que es precisamente esta cooperación internacional la que sustituye al Estado ofreciendo servicios a la población.

Para Alianza y Action Aid, esta iniciativa legislativa no sólo vulnerará los principios universales de asociación, sino que limitará la libertad de expresión y dejará a las organizaciones sociales supeditadas a los ministerios oficiales, con un carácter fundamentalmente asistencialista y nula capacidad de reacción frente a acontecimientos que afectan a derechos de la población guatemalteca.

Por todo ello, Action Aid y Alianza por la Solidaridad, como organizaciones que trabajan desde hace décadas en Guatemala, tanto en la mejora de las condiciones de su población y fomentando un desarrollo sostenible, como en la defensa de derechos humanos:

• Alertamos del recorte de libertades que puede suponer esta reforma legal para nuestro trabajo y el de nuestras organizaciones socias locales y los graves impactos que tendrá en su población.
• Denunciamos que esta iniciativa vulnera derechos inalienables y reconocidos tanto en la Constitución del país como en el artículo 16 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en relación con la libertad de asociación.
• Reclamamos a la comunidad internacional y, especialmente, al Gobierno español que presionen al Gobierno de Guatemala para que las ONGs tanto nacionales como internacionales que trabajan en ese país puedan seguir desarrollando su labor de defensa de los derechos humanos con independencia, sin cortapisas y sin límites.