Nuestras defensoras de derechos de Guatemala, Feliciana Herrera y Francisca Pérez (nombre ficticio por razones de seguridad), cerraron su gira por España en una completa jornada en la capital el pasado 10 de noviembre. Con su presencia y testimonio, urgen a aprobar una ley de debida diligencia empresarial en España, que es por lo que trabaja la Plataforma por las Empresas Responsables, de la que Alianza por la Solidaridad-ActionAid formamos parte.

Desayuno con medios

En un encuentro con periodistas, Feliciana y Francisca explicaron los perjuicios que padecen sus comunidades a causa de malas prácticas y negligencias que grandes empresas europeas llevan a cabo en sus territorios.

Feliciana, autoridad indígena y Coordinadora de la Alcaldía del Pueblo Maya Ixil de Nebaj, contó que, en su región, hay dos megarrepresas ya construidas, otras tres licencias para iniciar construcción y otras ocho compañías con licencias de exploración. Todos estos proyectos se han firmado sin la existencia de una consulta, en contra de lo estipulado por la ley nacional e internacional.

“Exigimos el respeto de nuestros derechos como pueblos indígenas. Los territorios tienen dueños y los dueños somos los pueblos indígenas. Hemos mantenido la vida, resistido durante años ante el hostigamiento de las empresas, represión, criminalización por exigir mejores condiciones de vida. En el territorio ixil, con nuestros recursos naturales se están generando 254 mw de energía y el 75% de las comunidades no tiene energía eléctrica”, denuncia Feliciana.

Por su parte, Francisca forma parte del Comité de Unidad Campesina de Coatepeque. No exponemos su imagen ni su verdadero nombre porque está enfrentando un proceso judicial por la defensa de los derechos de 270 trabajadores. Un empresario les robó las cuotas que habían pagado y no las entregó al fondo de Seguridad Social. Por esto, no podían cobrar sus prestaciones laborales. En represalia por su defensa, el empresario la demandó acusándola de usurpación de tierras, delito habitualmente utilizado para la criminalización de personas defensoras en Guatemala, y fue encarcelada.

“Pedimos que se acabe la criminalización de los y las defensoras de Derechos Humanos y del medioambiente. Además de dejarnos sin recursos, nos criminalizan: a un compañero que exigía sus derechos le asesinaron hace unos años y otro ha estado cuatro años en la cárcel por defender el agua de los ríos. A mí misma, me han unido a un proceso judicial que ya está en fase final y no sé qué pasará. Hay riesgo de multa de 11 millones de quetzales (casi millón y medio de euros)  y delito de “usurpación agravada” con seis años de cárcel y sin posibilidad de libertad bajo fianza”, lamenta Francisca.

Como cierre de la rueda de prensa, Almudena Moreno, coordinadora de Desarrollo Local Sostenible de Alianza por la Solidaridad-ActionAid y miembro de la PER, remarcó:

“Los derechos humanos y el medioambiente no pueden esperar más. No admitimos más excusas ni que se demore más la aprobación de la ley española. Necesitamos con urgencia una ley que prevenga, mitigue y remedie los impactos sobre los derechos humanos y el medioambiente en toda la cadena de valor. ¡El momento es ahora!”.

También comparecieron ante los medios la defensora medioambiental Carolina de Moura y el abogado Danilo Chammas. Ambos, por el caso Brumadinho (Brasil) donde, en 2019, se derrumbó una presa de residuos del gigante minero VALE y fallecieron 272 personas. Además, Moura es una de las protagonistas del documental “La ilusión de la abundancia”, que también se les presentó a los periodistas. La cinta gira en torno a tres defensoras de los impactos de grandes empresas en América Latina.

Defensoras de derechos debaten con políticos

Por la tarde del mismo 10 de noviembre, se celebró el evento “Regulación en debida diligencia de derechos humanos y ambientales” en la Representación de la Unión Europea en Madrid. Consistió en un debate con las defensoras y representantes del gobierno que incluyó la proyección del documental.

En este acto, destacó la intervención de Lilith Verstrynge, secretaria de Estado para la Agenda 2030, dependiente del Ministerio de Derechos Sociales, que es el proponente de la ley española de Protección de los Derechos Humanos, de la Sostenibilidad y de la Diligencia Debida en las Actividades Empresariales Transnacionales.

“Nuestra intención es tramitar lo antes posible esta ley, por una cuestión moral y de respeto a los derechos humanos, pero también para que España sea vanguardia en esta cuestión”, afirmó Lilith Verstrynge.

Veremos si estas palabras se materializan pronto.