Demanda de la juventud en Bolivia: un centro que ayude frenar embarazos adolescentes

Alianza por la Solidaridad viene trabajando frente a esta situación en el municipio de El Alto con diferentes acciones, entre ellas la capacitación a jóvenes y adolescentes sobre sus derechos sexuales, derechos reproductivos y el derecho a una vida libre de violencias para mitigar el alto índice de embarazos adolescentes.

De esta manera, un grupo de jóvenes y adolescentes con los que trabajamos junto la organización Wiñay, exigió a los candidatos y candidatas a autoridades municipales a menos de siete días de las elecciones, la creación de un Centro de Atención en Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Legal del Embarazo en el municipio de El Alto.

Estudiantes entre 15 y 18 años de edad de diferentes unidades educativas plantearon esta demanda en el Foro Político «De frente a mujeres, adolescentes y jóvenes: Nuestro voto cuenta» organizado por el Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza y otras organizaciones, con el fin de proporcionar a la población información sobre las propuestas de  que los partidos políticos y agrupaciones ciudadanas dirigen a la juventud del municipio.

En Bolivia el aborto es ilegal, salvo en casos de violación, estupro, incesto o riesgo para la salud de la madre (art. 66 Código Penal y Sentencia Constitucional 206/2014) y constituye uno de los grades tabúes en el seno de la sociedad boliviana. Una sociedad fuertemente influida por la iglesia católica y diferentes sectas protestantes de reciente implantación.

Sensibilización, herramienta para la prevención

Alianza por la Solidaridad viene desarrollando diferentes acciones para sensibilizar a la población, personal de centros de salud y otros servicios sobre la importancia de cumplir con la ley actual, en un país en el que el aborto es la tercera causa de mortalidad materna.

Para las y los jóvenes el Centro sería una garantía para una atención a los casos de embarazo no planificado de forma amigable y diferenciada, así como un espacio que posibilitaría una mayor información y acompañamiento a su salud sexual y reproductiva orientada a prevenir embarazos adolescentes no deseados y, el acceso a métodos de planificación y atención integral para jóvenes víctimas de violencia sexual, entre otros servicios.

Otras organizaciones juveniles aprovecharon este espacio para reclamar políticas públicas relacionadas con la educación, la salud y los derechos sexuales y reproductivos, la violencia hacia las mujeres y la participación política.

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