Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial

Miércoles, 21 marzo 2018

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Hoy, 21 de marzo, Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial desde Alianza por la Solidaridad denunciamos las vulneraciones de derechos y la criminalización que sufren las personas migrantes, así como las políticas migratorias que se basan en la securitización de fronteras. Denunciamos la existencia de una Europa Fortaleza que ha dejado en 2017 más de tres mil muertes en el Mar Mediterráneo (200 intentando llegar a costas españolas) y que en el 2018 ya ha alcanzado las 500, según los datos de la OIM (Organización Internacional para las Migraciones). Pero también queremos hacer visibles las violencias y discriminaciones a las que se enfrenta la población migrante una vez que llegan a España.

Señalamos al racismo institucional que se vale de la Ley de Extranjería, que no se entiende sin las políticas migratorias europeas, como causante de las vulnerabilidades que recaen sobre las personas migrantes en España. Esta ley recoge supuestamente los derechos, libertades e integración social de los migrantes, sin embargo, en la realidad supone una serie de medidas de control, regulación y limitación de derechos y libertades. En la práctica la Ley de Extranjería genera una distinción entre quienes tienen derechos y quienes no, crea categorías de ciudadanía generando por tanto una discriminación que condena a muchas personas a la exclusión. Para las personas migrantes esta ley implica un impedimento para vivir dignamente su día a día.

Las personas que se encuentran en situación irregular en nuestro país, viven bajo un estrés y persecución constante. La comunidad migrante lleva años denunciando que casos de acoso y persecución racial como las redadas racistas o los controles por perfil racial, el acoso a manteros, las dificultades para regularizar la situación administrativa de muchas personas en nuestro país son realidades a las que las personas migrantes se enfrentan diariamente bajo la amenaza constante de la reclusión en un Centro de Internamiento de Extranjeros o la deportación o expulsión a países terceros en los que todavía hay menos garantías para su bienestar o seguridad personal.

Pero la Ley de Extranjería no es el único mecanismo de control que existe: forma parte de todo un engranaje de dispositivos puestos en marcha para controlar a la población migrante y racializada.

Desde Alianza llevamos años trabajando junto a la población migrante en los países de origen, tránsito y destino para defender y asegurar que puedan acceder a sus derechos independientemente del país donde hayan nacido. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es universal porque establece que esos derechos corresponden a todo ser humano simplemente por el hecho de serlo, pero esta “universalidad” en la población migrante no es tal, sino “condicionalidad”: depende de un conjunto de condiciones como la nacionalidad, la situación administrativa, la raza, la clase social, etc., podrá disfrutar o no de los mismos.

Como se viene observando en los últimos años, la existencia del Derecho Internacional de los Derechos Humanos no garantiza el cumplimiento de su aplicación. Por ello, exigimos el respecto de los derechos humanos de todas las personas que viven en nuestro país, que exista una protección legislativa e institucional real y que se creen mecanismos necesarios para hacer

frente al racismo en todas sus formas (social, institucional, etc.) donde la implicación de la sociedad es necesaria. Los últimos acontecimientos en el seno de la comunidad senegalesa nos deben hacer repensar como el racismo debe dejar ser vista como una cuestión secundaria, individual y puntual sino como una cuestión estructural y diaria que afecta y cruza las vidas de multitud de personas migrantes y racializadas en nuestro país. Y una de las consecuencias de este conjunto de actitudes y comportamientos tan arraigados en la cotidianidad de la sociedad española, es que el racismo, más lenta o más rápidamente, mata a aquellos y aquellas que lo sufren.


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