Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial,  que se celebra el 21 de marzo, Alianza por la Solidaridad denuncia las vulneraciones de derechos y la criminalización que sufren las personas migrantes, así como las políticas migratorias basada en la creación de una ‘Europa Fortaleza’, que ha dejado en 2017 más de 3.000 muertes en el Mar Mediterráneo (200 intentando llegar a costas españolas) y que en el 2018 suman ya 500, según datos de la OIM (Organización Internacional para las Migraciones).  A esta situación, hay que sumar la violencia y las discriminaciones a las que se enfrenta esa población migrante en España.

Para Alianza por la Solidaridad, el racismo institucional se vale de la Ley de Extranjería para vulnerar derechos de los migrantes que llegan al territorio dado que, aunque supuestamente recoge sus derechos  e integración social, en realidad otorga marco legal a una serie de medidas de control, regulación y limitación de esos derechos en un país donde, además, no hay una regularización extraordinaria de inmigrantes desde 2005. Así, genera una distinción entre quienes tienen derechos y quienes no, una discriminación que condena a muchas personas a una total falta de oportunidades laborales y, por tanto, a la exclusión, impidiendo que puedan  vivir con dignidad.

En la actualidad, miles de ciudadanos están en situación irregular en España y viven bajo una persecución y un estrés constante. La comunidad migrante lleva años denunciando el acoso y la persecución racial por parte de la Policía que sufren colectivos como los manteros, profesión que también ejercía el fallecido senegalés Mame Mbaye, así como las dificultades para encontrar un trabajo digno si tener regularizada su situación administrativa, al igual que le ocurría al fallecido. A ello se suma la amenaza constante de su reclusión en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) en condiciones carcelarias o la deportación o expulsión a países terceros en los que todavía hay menos garantías para su bienestar y seguridad personal.

Alianza por la Solidaridad lleva años trabajando junto a la población migrante en los países de origen, tránsito y destino para que puedan acceder a sus derechos, independientemente del país donde hayan nacido. Por ello, recuerda que la Declaración Universal de los Derechos Humanos es universal porque establece que esos derechos corresponden a todo ser humano simplemente por el hecho de serlo. Sin embargo, para la población migrante no comunitaria, que son más de dos millones de personas, esta ‘universalidad’ no es tal, dado que está condicionada por la nacionalidad, la situación administrativa, la raza, la clase social, etcétera. Es evidente que la existencia de un Derecho Internacional de los Derechos Humanos no garantiza el cumplimiento de su aplicación.

Ante esta situación, Alianza exige al Gobierno la puesta en marcha de una protección legislativa e institucional real, así como la creación de mecanismos, hoy imprescindibles, para hacer frente al racismo en todas sus formas (social, institucional, laboral, etc.), para lo que es preciso la implicación del conjunto de la sociedad.

Tras los últimos acontecimientos en el seno de la comunidad senegalesa, es también necesario considerar el racismo como un fenómeno estructural y diario para decenas de miles de personas racializadas en nuestro país. No es una cuestión secundaria, individual y puntual, como se ha venido considerando hasta ahora. Al final, las condiciones de vida que genera este racismo cotidiano tienen consecuencias funestas para la vida de personas que llegaron a España huyendo de situaciones de guerra, persecución y pobreza extrema.