Alianza por la Solidaridad presenta en Rabat un exhaustivo informe sobre menores migrantes no acompañados, que revela la vulneración de sus derechos fundamentales en el país.

Hace más de un año, en septiembre de 2013, Marruecos dio un giro histórico en la gestión de su política migratoria e incorporó en su discurso un enfoque basado en el respeto de los derechos humanos. La campaña de regulación de inmigrantes se anunció a bombo y platillo y se ha saldado con 18.000 regularizados. También se elaboró una nueva política de asilo y refugio que contó con el asesoramiento de expertos internacionales. Desde entonces se ha ido allanado el camino para fomentar su integración de estas personas, siempre que manifiesten su voluntad de permanecer en territorio marroquí.

Sin embargo, en este cambio de política ha habido y hay luces y sombras, como no podía ser de otra forma cuando se trata de la gestión de flujos migratorios mixtos, lo que hace necesario generar espacios de diálogo y participación para un entendimiento mayor entre la sociedad civil y los órganos que toman las decisiones.

Este ha sido el objetivo de la Plataforma Nacional De Defensa de Derechos de los Migrantes, que se constituyó en 2009 y no ha cejado en su empeño por denunciar la violación de los derechos de los migrantes así como, en estos 12 meses, lo fallos de la nueva política. Compuesta por una red de organizaciones y actores de la sociedad civil activos en la defensa de los derechos humanos, la Plataforma es un espacio de diálogo e incidencia política en el que participan también organizaciones internacionales y las autoridades marroquíes. Es un ámbito excepcional en el que todos los participantes, desde el mismo nivel, generan propuestas de solución y donde se presiona para que se pongan en marcha.

Con este fin, la Plataforma, de la que forma parte Alianza por la Solidaridad, organiza dos o tres reuniones temáticas sobre los problemas más graves de vulneración de derechos a los que se la población migrante, como la que hace unos días se celebró en Rabat para tratar la situación de los menores no acompañados.

Desde principios de 2015, las organizaciones de la Plataforma han detectado un número cada vez más creciente de estos menores en ciudades como Rabat y Oujda, lo que se ha vivido con especial preocupación ante la falta, salvo excepciones, de una respuesta eficaz por parte de las instituciones públicas del país, algo motivado por causas que no son sencillas de abordar. Es un nuevo fenómeno que requiere protocolos y mecanismos de atención muy definidos en los que el interés de los menores prime sobre las políticas de control de los flujos migratorios. Así se recoge en el estudio sobre este colectivo que presentó Alianza, donde se recoge el testimonio directo de muchos de ellos, que explican las violaciones de derechos a las que se han expuesto desde que salieron de sus países de origen. Muchos aseguran que han sido o son aún víctimas de trata.

Especial vulnerabilidad presentan las niñas, que ya ven vulnerados estos derechos y sufren discriminación en sus países. Sin embargo, el informe realizado refleja que para las políticas de control migratorio son invisibles.

El acto temático de la Plataforma fue acogido con gran interés por los cerca de 60 asistentes que llenaban la sala, a pesar del calor asfixiante que, en pleno mes de Ramadán, no dio tregua. Pareciera que la elevada temperatura provocara mayor efervescencia en el dialogo entre los participantes. Profesionales y los representantes de las comunidades de los migrantes subsaharianos tuvieron la oportunidad de contar de primera mano sus testimonios y participar en el debate sobre las recomendaciones para mejorar las políticas sobre los menores.

Finalmente, se realizaron más de una decena de recomendaciones, que se enviarán a todos los implicados y servirán de base para negociar con el Gobierno marroquí la un cambio legislativo en esta materia acorde con los derechos humanos. Desde Alianza apostamos por estos espacios de convergencia, de generación de opinión y de refuerzo de la participación ciudadana en la elaboración y aplicación de las políticas públicas.