El informe,  “Amargo negocio: la caña de azúcar: ¿desarrollo para quién?” pone de manifiesto las vulneraciones de derechos humanos que se dan en su producción .  La creciente superficie dedicada a monocultivos en regiones del mundo como Centroamérica está generando graves impactos  sociales y ambientales en las poblaciones. La investigación se ha realizado en cuatro países de América Latina: Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Colombia.

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El impacto de la caña de azúcar

La caña de azúcar es uno de los productos agroalimentarios con un consumo global más creciente, tanto por su uso en comida preparada (se alcanzan ya los 35 kilos per cápita al año en los países desarrollados) como por su utilización como agrocombustible.

El estudio, realizado conjuntamente con cinco organizaciones en estos cuatro países (Colectivo Madreselva de Guatemala, PRO-VIDA y ASPRODE de El Salvador, APADEIM de Nicaragua y ASOM de Colombia) revela que, sin embargo, está muy lejos de generar el desarrollo económico que el sector azucarero asegura promover en las comunidades.

Los testimonios y datos recabados reflejan cómo en las zonas de cultivo de caña de azúcar se destruye el entorno ambiental a cambio de salarios que no permiten vivir con dignidad: unos cinco o seis euros al día, sin contratos, seguridad social o días festivos libres.

Además, la contaminación generada por el masivo uso de agrotóxicos, impide el desarrollo de  los cultivos de subsistencia en los alrededores y genera problemas importantes de salud en las comunidades rurales aledañas, llegando a causar la muerte. Destaca el elevado índice de enfermedades renales que hay en zonas cañeras.

Consecuencias en los bosques naturales

Sólo entre Guatemala, El Salvador y Nicaragua hay actualmente más de 4.300 km2 de explotación azucarera en departamentos que son de alta vulnerabilidad por falta de agua potable para sus poblaciones. Son zonas donde, además, ha habido una  masiva deforestación de grandes extensiones de terreno.

Las organizaciones han recogido testimonios de comunidades como Tiquisate (en Guatemala), donde apenas tienen un 0,5% de sus bosques originales.

“En Tiquisate, no hay cobertura forestal. La producción agrícola y ganadera, la tala inmoderada ha reducido los recursos forestales prácticamente a nada. (…) Esto ha tenido un fuerte impacto en las condiciones climáticas, biodiversidad, conservación de recurso hídrico, el surgimiento de plagas de los cultivos y en términos generales ha significado una degradación ambiental profunda”, señala una de las entrevistadas.

Escasez de agua provocada por el cultivo de azúcar

A esta deforestación se suma que una hectárea de caña requiere de media 36 metros cúbicos de agua al día, mientras que una familia de cinco miembros precisa apenas 0,6 metros cúbicos.

Para obtener ese recurso en época seca (de noviembre a mayo), la investigación revela que las empresas azucareras desvían cauces de ríos y bombean las aguas subterráneas, procesos que deterioran el terreno y suponen el acaparamiento de agua de las comunidades. Luego, cuando llegan las lluvias, denuncian que les abren diques y presas y el agua inunda sus pequeños cultivos, arrastrando la capa fértil de la tierra y favoreciendo su deterioro.

Un nuevo modelo de producción responsable

La investigación pone también de manifiesto los impactos que los monocultivos tienen en las mujeres, dado que son ellas las cuidadoras familiares y las responsables de los cultivos de subsistencia.

Desde Alianza por la Solidaridad-ActionAid recordamos que es posible otro modelo de producción y de consumo, que no destruya la tierra ni acapare y contamine el agua potable, poniendo en riesgo la supervivencia de millones de personas que viven de la agricultura en los países en desarrollo y se ven abocadas a emigrar.

“La comunidad internacional debe promover una producción responsable del azúcar y otros monocultivos, imponiendo restricciones al comercio de aquellos cultivos en los que no se garantice un respeto a los derechos humanos y ambientales. El futuro pasa por promover una producción y un consumo responsable». Almudena Moreno, coordinadora de Desarrollo Local Sostenible.