EL CASO DE LA HIDROELÉCTRICA QUE CONSTRUYE ACS Y COLAPSA UN RÍO EN GUATEMALA LLEGA AL CONGRESO Y AL SENADO

Jueves, 5 abril 2018
Rosa M Tristán

2018-04-01-PHOTO-00000356
  • La obra, que afecta a 29.000 indígenas, da origen a proposiciones no de Ley y preguntas al Gobierno.
  • Miles de indígenas q’eqchi’ se manifiestan por la libertad de un líder encarcelado por oponerse a las obras hidroeléctricas.
  • Alianza  por la Solidaridad y Greenpeace España mantienen la campaña de firmas para liberar a Bernardo Caal, pendiente hoy de un acto judicial.

El Gobierno español ha tenido que responder en el Senado sobre el caso del líder q’eqchi’ Bernardo Caal Xol encarcelado en Guatemala por oponerse a proyectos hidroeléctricos sobre ríos indígenas, entre ellos el que construye la empresa española Grupo Cobra (ACS) sobre el río Cahabón. Se trata de una obra que afecta 29.000 indígenas y que reduce enormemente el caudal del río Cahabón en un tramo de 30 kilómetros y durante varios meses al año, generando un grave impacto social y ambiental, como ha reconocido el Procurador de Derechos Humanos en el país Centroamericano.

 
El caso, documentado por Alianza por la Solidaridad e incluido en el informe “Justicia para las personas y el planeta. Por el fin de la impunidad de las grandes corporaciones de Greenpeace, también ha llegado al Congreso de los Diputados, donde se han presentado proposiciones no de ley (PNL) encaminadas a obligar a las empresas en el extranjero al cumplimiento de los derechos humanos y ambientales.

 
Paralelamente, miles de q’eqchi’ se han manifestado en Guatemala este fin de semana exigiendo la liberación inmediata de su líder y Alianza por la Solidaridad junto con Greenpeace mantienen activa su campaña exigiendo su libertad, así como que ACS pare las obras hasta que no se realice una consulta comunitaria y el estudio socioambiental del conjunto del complejo. Caal Xol fue acusado de varios delitos, como robo, amenazas o instigación a delinquir, con el claro objetivo de criminalizar su lucha. Está en prisión desde el 31 de enero en condiciones infames. Este jueves día 5 de abril se celebrará en Guatemala un acto judicial clave para conocer el futuro inmediato de Caal Xol.

MarqueBernardo
El senador del Grupo Mixto Jon Iñarritu, en una pregunta dirigida al Gobierno, se había interesado por la postura oficial respecto a este caso y otros de persecución de líderes en Guatemala. La respuesta llegó el pasado 22 de marzo y en ella señala que se recibió en la Embajada en Guatemala al líder indígena el 17 de febrero de 2017 para interesarse por sus reivindicaciones, si bien hay que recordar que este interés se produjo en el marco de una manifestación de los q’eqchi’ frente a la propia Embajada para reclamar apoyo frente al “expolio de su río”.

 

Asimismo, el Gobierno menciona el Programa de Protección de acogida temporal en España de defensores de derechos humanos, aunque reconoce que desde 1995 sólo 300 personas se han beneficiado del mismo, 13 al año. Para Alianza por la Solidaridad y Greenpeace es un número absolutamente insuficiente ante la situación de los derechos humanos a nivel global y recuerdan que en países como Guatemala el “instigar a delinquir”, que se utiliza para penalizar protestas de la población, impediría que líderes como Bernardo pudieran acogerse a esta protección.

 

Frente a la afirmación gubernamental de que “este año está previsto dar especial atención al derecho a la consulta desde la perspectiva de los pueblos indígenas”, las ONG reclaman que, más allá de las recomendaciones, se obligue a las empresas españolas a que no lleven a cabo proyectos sin una consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas tal y como se establece en el Convenio 169 de la OIT.
La última PNL en la que también se menciona el caso de la hidroeléctrica RENACE que construye ACS en Guatemala, ha sido presentada el pasado 20 de marzo por iniciativa del PSOE. En ella se recuerda que el Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos recoge acciones de información, sensibilización y formación, pero no es vinculante, por lo que se pide el refuerzo del sistema de supervisión y seguimiento de las empresas españolas, la reparación frente a las posibles vulneraciones de derechos humanos consecuencias de su acción, el impulso de un tratado internacional vinculante para las transnacionales de todo el mundo, la exclusión en contratos públicos de empresas que no cumplan requisitos de respeto a los derechos de los pueblos indígenas y la puesta en marcha de un programa de protección de defensores de los derechos humanos por parte de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
Tanto Alianza por la Solidaridad como Greenpeace consideran que el Gobierno español no puede lavarse las manos de lo que hacen las empresas nacionales en el extranjero, especialmente cuando afectan a los derechos humanos y se criminaliza a defensores como es el caso del líder indígena Bernardo Caal Xol.

 


Deja un comentario

Lo más visto de la semana

Existen leyes que protegen los Derechos Humanos: conocerlas ayuda a exigirlos

Argelia ha ratificado pactos internacionales como la Convención para la Eliminac...

Últimas noticias

El próximo 16 de abril tendrán lugar la JORNADA DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS. DERECHOS DE MUJERES MIGRANTES Y DEL SUR EN...

La obra, que afecta a 29.000 indígenas, da origen a proposiciones no de Ley y preguntas al Gobierno. Miles de indígenas q...

 Más noticias
Empresas rentables pero responsables con los recursos
Aliadas
Únete, haz voluntariado
Visita nuestra Tienda Solidaria
Este sitio web utiliza cookies de terceros con fines exclusivamente estadísticos. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. [cerrar]