El Salvador: Alianza por la Solidaridad con la sociedad civil que reclama una ley que garantice el derecho al agua
Alianza por la Solidaridad ha apoyado las iniciativas del Foro del Agua a través de TieRRRa, una campaña destinada a defender y promover el principio de que las empresas pueden ser rentables sin dejar de ser responsables con los recursos naturales y los derechos humanos. En el primer caso presentado por Alianza, denunciamos la actuación irresponsable en el municipio de Nejapa de la embotelladora de Coca Cola en el país, Industrias La Constancia, por sobreexplotar un acuífero, poniendo en peligro el agua necesaria para vivir de 30.000 personas.
Con el lanzamiento de TieRRRa, Alianza por la Solidaridad ha conseguido reunir ya más de 5.000 firmas que han logrado la paralización del proyecto de ampliación de esta embotelladora y que, además, exigen una reducción del 22 % en el consumo de agua de Coca Cola. De hecho, a raíz de TieRRRa, con el estudio llevado a cabo por esta organización y la organización del país Foro del Agua, el Gobierno salvadoreño anunció una moratoria de un año para la ampliación de esta empresa.
Ahora, el derecho al agua en El Salvador, que con este caso fue ampliamente celebrado por los habitantes de Nejapa, corre el riesgo verse vulnerado si se realizan negociaciones entre el Gobierno y las empresas privadas, al margen de la sociedad civil, tal y como denuncia el Foro del Agua, tras conocer su existencia por declaraciones de algunos funcionarios de los Ministerios de Economía y Medio Ambiente de El Salvador.
El Foro del Agua ya en 2006 fue el primero en exponer la necesidad de una Ley General de Aguas y en denunciar la crisis hídrica a la que caminaba el país ante la mala gestión del agua y por los intereses mercantilistas y privatizadores. Ahora, exige a su presidente un mayor protagonismo en la aprobación de esta normativa. Sólo así, señalan, se garantizará una gestión pública y el derecho del agua en el país. En un comunicado, afirman también que algunas de estas declaraciones dejan entrever acuerdos que mantendrían la mala gestión del agua “beneficiando a unos pocos empresarios, en detrimento de la mayoría de la población del país”.
Alianza por la Solidaridad considera que el acceso al agua de la población es un derecho que prima sobre las iniciativas privadas y debe ser garantizado por los gobiernos.
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