empadronamiento

Un punto de información sobre empadronamientos entre las chabolas

El pasado viernes 10 de febrero, diversos colectivos y entidades organizamos un punto de información para ayudar a las personas trabajadoras migrantes a rellenar la solicitud de empadronamiento. Fue en el asentamiento chabolista de Las Madres, en el municipio de Moguer (Huelva).

Esta acción, enmarcada en nuestra campaña “Vecinas, vivas donde vivas”, fue convocada por Alianza por la Solidaridad-ActionAid, Asociación Multicultural de Mazagón, Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) y Jornaleras de Huelva en Lucha. Con ella, pretendemos restablecer el derecho al empadronamiento negado sistemáticamente por las corporaciones locales de las zonas freseras.

Ayuntamientos contra el empadronamiento

En mayo de 2022, seis personas migrantes presentaron sus solicitudes de empadronamiento en el Ayuntamiento de Lucena del Puerto. Un mes después, cinco personas lo hicieron en la Mancomunidad de Mazagón (Moguer). Hasta la fecha, el Ayuntamiento de Lucena del Puerto ha contestado con un escrito donde afirman “que esas personas no están inscritas en el censo de la localidad”. En cuanto a Moguer, de las cinco solicitudes, solo una ha sido aprobada. Debido a esto, la Asociación Multicultural de Mazagón ha presentado una demanda en el Juzgado contra el consistorio por tres casos resueltos de forma negativa.

Para que estas trabajadoras y trabajadores migrantes pudieran presentar su solicitud con registro de entrada, diversas organizaciones de la sociedad civil las acompañamos a las puertas de los consistorios. Aseguramos así un registro que los ayuntamientos niegan sistemáticamente.

Hasta la fecha, entre los municipios de Moguer, Lucena del Puerto y Palos de la Frontera, donde malviven cientos de personas migrantes en chabolas, solo hay dos personas empadronadas en sus infraviviendas. Consideramos que la violación de este derecho es una clara discriminación y un ejercicio de violencia y racismo institucional por parte de las administraciones locales.

Las chabolas son domicilios válidos

En el capítulo 3 artículo 3.3 de la actualización del 30 de enero de 2015 del Real Decreto 1690/1986 se establece que:

el Padrón debe reflejar el domicilio donde realmente vive cada vecino del municipio; y de la misma manera que la inscripción padronal es completamente independiente de las controversias jurídico-privadas sobre la titularidad de la vivienda, lo es también de las circunstancias físicas, higiénico-sanitarias o de otra índole que afecten al domicilio. En consecuencia, las infraviviendas (chabolas, caravanas, cuevas, etc.) e incluso ausencia total de techo pueden y deben figurar como domicilios válidos en el Padrón”.

Por tanto, como marca la ley, el empadronamiento es derecho y deber de todas las ciudadanas y ciudadanos que viven en el Estado. Sean o no de nacionalidad española. El empadronamiento ofrece, por una parte, el acceso a servicios básicos como educación y sanidad. Por otra parte, representa el primer documento que necesitan las personas migrantes para conseguir el certificado de arraigo y el permiso de trabajo y residencia. La negativa de los ayuntamientos, incluso a recoger la solicitud, lleva a las personas migrantes a caer en manos de las mafias. Estas las empadronan en domicilios ficticios. Por ello pagan cantidades que oscilan entre los 300 y los 1.500 euros, según cuentan las trabajadoras migrantes.

Acciones, como este punto de información y asesoramiento, vienen precedidas de un trabajo por parte de Alianza por la Solidaridad-ActionAid, iniciado en 2020, que incluye una investigación sobre los empadronamientos en los asentamientos de chabolas, la formación de mujeres migrantes a través de talleres de información y un documental de la misma temática. Todo ello, con el objetivo de dar a conocer entre la población migrante, altamente vulnerable, los derechos que les asisten. La campaña «Vecinas, vivas donde vivas» se está llevando a cabo tanto en Almería como en Huelva, donde las personas migrantes y, en concreto, las mujeres se enfrentan a muchas dificultades para acceder al empadronamiento. Ya que los ayuntamientos les niegan el ejercicio de este derecho.

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