En 29 años, sólo 22 países de 194 han ratificado el Convenio Internacional que protege los territorios de los pueblos indígenas
El Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) sobre Pueblos Indígenas y Tribales, un tratado internacional adoptado en Ginebra el 27 de junio de 1989, únicamente ha sido ratificado por 22 de los 194 países que existen en la actualidad. Este convenio es el más importante instrumento internacional para garantizar los derechos indígenas y obliga a consultar con los pueblos indígenas las medidas legislativas y administrativas susceptibles de afectar directamente a los pueblos originarios, estableciendo procedimientos apropiados de buena fe y con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas.
Entre los pocos países que lo han ratificado se encuentra España, donde está en vigor desde septiembre de 2009. No obstante, las autoridades españolas no exigen que las empresas de este país cumplan este requisito para iniciar sus negocios e inversiones en zonas indígenas del resto del mundo, pese a que su presencia puede generar graves conflictos sociales.
La ONG Alianza por la Solidaridad recuerda, con motivo del Día Mundial de los Pueblos Indígenas, que se celebra hoy 9 de agosto, que es en ese ámbito en el que la ratificación de España tendría sentido dado que en el territorio nacional no hay pueblos indígenas, pero si los hay en lugares en donde se desarrollan proyectos empresariales de gran impacto social y ambiental.
Del mismo modo, tampoco las autoridades de otros países receptores, como Guatemala, Colombia o Brasil cumplen con los requisitos del Convenio 169, pese a que lo han ratificado, y pese a que la presión sobre los recursos naturales y la presión y violencia contra los líderes que se oponen a proyectos en sus territorios no deja de aumentar en los últimos años.
Alianza por la Solidaridad tiene en marcha la campaña TieRRRa por las inversiones responsables, dentro de la cual se enmarca el caso de la hidroeléctrica Renace, cinco fases que se construyen sobre un río maya de Guatemala, el Cahabón, y que deja prácticamente seco el cauce a cuyas orillas viven 29.000 quetchí. En este caso, no hubo consulta previa a los afectados, como tampoco la hubo en otra hidroeléctrica sobre el mismo cauce -Oxec I y Oxec II-, cuyas obras paró el Tribunal Superior del país y han sido reanudadas tras una fuerte campaña de presión de las empresas. La obra de Renace, propiedad de la empresa guatemalteca CMI, la realiza la constructora COBRA (ACS) presidida por Florentino Pérez. La organización ha recogido ya más de 23.000 firmas de apoyo a los quekchí, y quiere llegar a las 25.000.
Alianza por la Solidaridad recuerda que el Convenio de la OIT se firmó hace casi 30 años y que desde entonces la conflictividad entre los pueblos indígenas y las empresas no deja de aumentar, si bien hasta este momento, es el único instrumento internacional al que pueden acogerse las comunidades locales para frenar la expansión de proyectos que invaden sus territorios y acaparan sus recursos.
Cabe destacar que, si bien son mayoría los países que lo han firmado, sin el trámite de la ratificación no puede entrar en vigor. Entre los que no lo han hecho se encuentran países como Estados Unidos, Rusia, Alemania, Gran Bretaña o Francia, todos con importantes intereses inversionistas en el resto del mundo.
Ante esta situación, Alianza por la Solidaridad exige a los Gobiernos, y especialmente al español, un compromiso firme con los derechos de los pueblos indígenas para que ejerzan su derecho a decidir sobre su territorio y sus recursos naturales, ya sea si se ven afectados por su acción directa o a través de las empresas, y que el derecho a consulta previa e informada se ejerza siempre con procesos que tengan las máximas garantías y con el acuerdo de los propios pueblos afectados.
Asimismo, la ONG recuerda que según el último informe de Global Witness, 200 activistas ambientales fueron asesinados en el mundo en 2016, el 60% de ellos en países de América Latina y el 40% líderes indígenas. “Son cifras que no dejan de aumentar específicamente en Guatemala, donde la presión sobre los recursos naturales ha ocasionado más de 1800 conflictos según la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala. La mayoría son conflictos socio ambientales provocadas por la irrupción de empresas en territorios indígenas que no cumplen con el requisito de consulta previa, libre e informada que estipula Convenio 169”.
Apoyo el respeto a los pueblos originarios que mantienen un respeto y cuidado mutuo con la tierra.
Crecer sosteniblemente para toda la humanidad es posible si tomamos consciência de que somos Uno-Una Humanidad,hij@s del cielo y la tierra.