El pasado 17 de mayo nos recibió Pilar Ponce, jefa de Gabinete del Ministro Rafael Catalá, a quien entregamos las más de 12.500 firmas recogidas ante la indignación que ha causado en la sociedad la sentencia del caso de la Manada. Con estas firmas, la ciudadanía exigía una reforma inmediata del Código Penal, una mayor formación entre quienes imparten la Justicia, un programa de educación y divulgación social sobre los derechos a la libertad sexual de las mujeres y el cumplimiento de los 200 millones de euros de presupuesto comprometidos en el Pacto de Estado contra la violencia de género.

En la entrega de firmas, que ha tenido lugar a las 13 horas, la directora de Alianza por la Solidaridad Ana Rosa Alcalde y la portavoz del programa de Derechos de las Mujeres, María Salvador, han sido recibidas por Pilar Ponce, jefa de Gabinete del Ministro Rafael Catalá, quien les ha asegurado que sus peticiones serán trasladadas a todos los organismos competentes en el cumplimiento de las exigencias, entre los que se encuentran el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Interior, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Ponce ha asegurado ante las representantes de Alianza por la Solidaridad que la nueva Comisión de Codificación Penal para el estudio de un cambio del Código Penal  será paritaria, después de que la anterior fuera suspendida por contar sólo con una mujer, y que el documento con propuestas para ese cambio estará antes de finales de junio . Se iniciará entonces un proceso que permitirá, según esta fuente ministerial, participar a la ciudadanía.

Asimismo, la jefa de Gabinete ha reconocido que existen carencias en cuanto a la cultura de los operadores de Justicia en España en relación con la libertad sexual de las mujeres y a la aplicación del enfoque de género, algo que les ha asegurado que tiene que mejorar a través de una preparación adecuada.

Ana Rosa Alcalde, directora de Alianza por la Solidaridad, considera que las firmas recogidas ponen de manifiesto que la sociedad, y fundamentalmente las mujeres, quieren un cambio legal y real con celeridad. “Todo indica que el procesos de reforma del Código Penal llevará su tiempo pero es necesario conseguir una legislación garantista de la libertad sexual cuanto antes, porque mientras tanto sentencias como las de La Manada se pueden seguir repitiendo”, ha señalado a la salida del encuentro.

Asimismo, las representantes de la organización han trasladado a la responsable  del ministerio la imperiosa necesidad de que se cumpla el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, según el cual se destinaría un presupuesto anual de 200 millones de euros a esta lacra social, una cifra que se ha quedado en 80 millones de euros en la Administración General de los Presupuestos Generales del Estado.

Las peticiones concretas en la carta con las 12.500 firmas al ministro Rafael Catalá han sido:

1. Tome la iniciativa legislativa para reformar el código penal con el fin de que sentencias como esta no puedan volver a ocurrir. Ya lo han hecho otros países europeos como Reino Unido o Alemania donde la falta de consentimiento permite tipificar el delito como violación.
2. Ponga en marcha con carácter de urgencia un programa de formación para los operadores de justicia, desde la policía a la judicatura, en materia de violencia sexual, para que tengan las herramientas y conceptos necesarios para tratar los casos de manera justa y acorde con los Derechos Humanos.
3. Lleve a cabo un intenso programa de educación y sensibilización ciudadana en el que se promuevan los valores del respeto a la libertad sexual para que se vayan erradicando los comportamientos como los de la Manada, que son mucho más comunes de lo que queremos aceptar.
4. Destine los 200 millones de euros anuales comprometidos para cumplir con el Pacto de Estado contra la Violencia.

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