Ecoener-Hidralia entró en Guatemala en el año 2007 con la intención de construir un proyecto hidroeléctrico en el río Canbalam, en el territorio indígena de Santa Cruz de Barillas. La empresa se asentó en el país vulnerando los derechos de las comunidades residentes en la zona. No solo se violó el derecho a una consulta previa sobre la obra, libre e informada, sino que Ecoener-Hidralia fomentó la represión contra los líderes de las comunidades que se opusieron a ella, situación que ha desencadenado encarcelamientos arbitrarios y varios asesinatos de estos líderes. Ante la falta de consenso, las propias comunidades realizaron una consulta popular donde más del 90% de la población se opuso de forma tajante al proyecto de la empresa gallega.

Vulneración sistemática de los derechos indígenas

Frente a los procesos de criminalización por parte de los promotores de la represa, organizaciones guatemaltecas y españolas han realizado numerosas acciones de apoyo a favor de las comunidades de la región. En concreto, Alianza por la Solidaridad y Amigos de la Tierra iniciamos una recogida de firmas en la que se exigía a la empresa la retirada del territorio y el cese de las acciones contra las poblaciones indígenas, firmas que se han entregado al embajador de Guatemala en España, Fernando Molina Girón, para poner en su conocimiento la situación de las comunidades.

“Esta acción es el broche final de un año de movilizaciones a favor de las comunidades de Barillas, donde hemos dado a conocer uno de los casos más graves de violación de los derechos humanos”, ha declarado Almudena Moreno, coordinadora de desarrollo sostenible de Alianza por la Solidaridad y responsable de la campaña TieRRRa. “Ecoener-Hidralia debe retirarse del país de una vez por todas, cancelar cualquier expectativa de proyecto en esta región donde viven comunidades locales vinculadas al río, para evitar así que el conflicto social y ambiental empeore”, ha argumentado.

Entrega de las firmas al embajador de Guatemala en Madrid

Por su parte, Alejandro González, coordinador de Amigos de la Tierra ha manifestado que “se han llevado a cabo numerosas acciones de solidaridad con las comunidades de Barillas. Se han documentado los atropellos ocurridos en la región, que se han denunciado en diversas acciones tanto en Guatemala como en España. Ahora que Naciones Unidas ha resuelto establecer un mecanismo vinculante sobre derechos humanos y empresas, esperamos que dejen de existir casos como el de Barillas y la empresa española Hidralia en territorio foráneo”.

El caso de agresión a los derechos humanos en la zona de Barillas se presentó la semana pasada ante la ONU, con el fin de demostrar la necesidad de un tratado vinculante internacional que acabe con la impunidad de empresas multinacionales ante las violaciones de derechos humanos y ambientales que cometen con sus operaciones en el extranjero.

Las organizaciones seguirán movilizándose y dando seguimiento al caso hasta lograr el abandono definitivo y el cese de las agresiones por parte de la empresa Ecoener-Hidralia. Por el momento, gracias a la movilización social, se ha conseguido la puesta en libertad sin cargos de varios líderes comunitarios, que habían estado presos durante más de un año.