• Un primer borrador de la ONU se discute en Ginebra mientras líderes ambientales como Bernardo Caal son amenazados con 14 años de cárcel en Guatemala.
• Alianza y Greenpeace España denuncian la proliferación de conflictos por inversiones de empresas en el extranjero que ahora no están reglamentadas ni controladas.

Alianza por la Solidaridad y Greenpeace España piden al gobierno español una acción decidida a favor del tratado vinculante sobre Empresas Transnacionales y Derechos Humanos de Naciones Unidas que esta semana, hasta el 19 de octubre, se discute en Ginebra con objeto de determinar las obligaciones de los Estados y las empresas en relación con las vulneraciones de derechos humanos. En esta reunión se debate sobre un borrador ‘cero’, presentado por Ecuador el pasado mes de julio. Coincide hoy con el Día Internacional de Erradicación de la Pobreza, fenómeno que no será posible eliminar con inversiones empresariales que no sean responsables social y ambientalmente en todo el mundo.

Alianza por la Solidaridad y Greenpeace España recuerdan que, mientras el tratado del que se habla desde hace años avanza muy lentamente, en países como Guatemala, El Salvador, Honduras, etcétera, la violencia contra las personas defensoras que se enfrentan a transnacionales aumenta. Al conocido caso del asesinato de la hondureña Berta Cáceres, se suma ahora el del líder maya q’eqchi’ Bernardo Caal Xoc, encarcelado desde enero por su defensa del río Cahabón de Alta Verapaz (Guatemala) frente a grandes proyectos hidroeléctricos a los que se oponen las comunidades indígenas.

En la última audiencia del juicio contra el q’eqchi’ Caal Xoc fue acusado de ‘detención ilegal, robo agravado e incitación a delinquir’ por liderar la lucha por el Cahabón y el Ministerio Público solicitó 14 años de cárcel, pese a la inconsistencia de las pruebas presentadas por la empresa (declaraciones de sus empleados) frente a las aportadas por la defensa (fotografías de lo que fue una masiva protesta contra la hidroeléctrica Oxec). Sólo en Guatemala, este año ya han sido asesinados 18 defensores y defensoras de derechos y más de 300 han sido agredidos, mientras el Gobierno del país no hace nada por su protección ni la de sus territorios.

La existencia de un Tratado vinculante es necesario para dar respuesta a las debilidades de los marcos nacionales e internacionales actualmente disponibles para proteger los derechos humanos. Esto es especialmente  grave para las vulneraciones por parte de empresas transnacionales, existiendo un vacío legal que favorece  su impunidad.

Para Alianza por la Solidaridad y Greenpeace España, la actuación de empresas transnacionales en criminalizaciones como la de Bernardo Caal, cuando no agresiones y asesinatos, debe estar regulada estrictamente a nivel internacional, europeo y nacional. Es fundamental otorgar valor jurídico a  la llamada ‘debida diligencia’, por la cual las empresas deben identificar, prevenir, mitigar y rendir cuentas respecto a cómo abordan su impacto en los derechos humanos, aunque sea a través de terceros. En la actualidad, no existe ningún marco jurídico internacional que obligue a las empresas a llevar a cabo esta  ‘debida diligencia’.

De hecho, líderes como el guatemalteco Caal están desprotegidos frente a juicios amañados y campañas de acoso promovidas desde los poderes económicos y mediáticos, que estos días han llegado a acusarle de ‘terrorista’ , así como a las organizaciones locales que le apoyan, como el Colectivo Madre Selva, con el que Alianza por la Solidaridad trabaja.

Alianza y Greenpeace, como otras organizaciones europeas, considera que aunque un tratado vinculante debe abarcar todas las empresas, inviertan o no fuera de sus fronteras, como se señala desde la Comisión Europea, una parte esencial de este futuro Tratado son las transnacionales porque son las son más difíciles de controlar  y exigir responsabilidades. En España, por ejemplo, el ente jurídico competente para entender de vulneraciones de derechos humanos por parte de empresas españolas en el extranjero sería la Audiencia Nacional. El inicio y seguimiento de un proceso judicial por parte de comunidades locales sería difícilmente asumible por las mismas.

Alianza por la Solidaridad, como miembro de la Coordinadora de ONGS de Desarrollo, y Greenpeace España han  firmado la carta enviada al secretario de Estado de Asuntos Exteriores, en la que se pide al Gobierno español que participe de manera activa y propositiva en este encuentro de Ginebra y se posicione del lado de la defensa de los derechos humanos y que las empresas realicen inversiones responsables.

“Por lo que se ha visto hasta el momento en las negociaciones de Ginebra, la misión española no ha recibido instrucciones del nuevo gobierno de Pedro Sánchez para cambiar de estrategia y apoyar este tratado, poniendo en evidencia la distancia entre los hechos y las buenas palabras e intenciones mostradas por los responsables del PSOE en este tema” ha declarado Almudena Moreno.

Alianza tiene desde 2015 en marcha la campaña TieRRRa por las inversiones responsables, que ha denunciado ya cinco casos en Guatemala (dos, Renace e Hidralia), Mozambique (Sacyr), Guinea Bissau (Agrogeba), El Salvador (Coca-Cola) y Nicaragua (pequeña minería de oro). Más información: www.alianzaporlasolidaridad.

Greenpeace España en el informe “Justicia para las personas y el planeta. Por el fin de la impunidad de las grandes corporaciones”, recopiló 20 casos de malas prácticas empresariales. Este informe fue hecho público durante el Foro Económico Mundial celebrado en enero de este año en la ciudad suiza de Davos