España a examen ante la ONU con muchas tareas pendientes en derechos sexuales y reproductivos

Jueves, 22 enero 2015

Esta semana el Gobierno español rinde cuentas en materia de derechos humanos  en el marco del Examen Periódico Universal (EPU). Hemos mandando un informe a la ONU para que exija a España mayor compromiso con los derechos sexuales y reproductivos.

Vista del Consejo General de Derechos Humanos de la ONU

El Examen Periódico Universal (EPU) es una herramienta que utiliza la ONU para someter a escrutinio el comportamiento de los estados miembros en materia de derechos globales, bajo el auspicio del Consejo de Derechos Humanos. Esta semana le toca el turno a España y varias organizaciones que trabajamos por los derechos sexuales y reproductivos en el mundo hemos querido aprovechar la ocasión para recordarle sus obligaciones y compromisos con los derechos de las mujeres, a través de un informe en el que se detallan una serie de recomendaciones para avanzar en su cumplimiento.

Alianza por la Solidaridad, junto con Creación Positiva y Sexual Rights Initiative, exige en un informe entregado a Naciones Unidas que España garantice el pleno ejercicio de la salud y los derechos sexuales y reproductivos, incluyendo el derecho al aborto legal, seguro y accesible en todo el territorio español. El informe señala que el derecho a la toma de decisiones en relación a la maternidad es parte del derecho a la autonomía de las mujeres sobre su cuerpo, su sexualidad y su vida.

En España, siguen existiendo importantes barreras que impiden el acceso efectivo de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo, vulnerando el derecho de las mujeres a la salud. Entre ellas, el informe destaca una apreciable inequidad territorial en cuanto acceso a la interrupción voluntaria del embarazo a través del sistema sanitario público español; la grave situación de las mujeres inmigrantes tras la reforma del 2012 que restringe su derecho a la atención sanitaria pública gratuita; la enorme disparidad territorial en cuanto a la calidad, accesibilidad e imparcialidad de la información que se facilita a las mujeres que desean interrumpir su embarazo; y la objeción de conciencia por parte de las y los profesionales sanitarios.

El informe también destaca la gravísima amenaza que constituía la reforma de la ley del aborto a la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, una reforma que fue retirada en septiembre el año pasado, tras contundentes protestas del movimiento de mujeres en todo el país.

Recomendaciones en relación a la interrupción voluntaria del embarazo

  1. Garantizar el acceso público, gratuito y de calidad a la interrupción voluntaria del embarazo en igualdad de condiciones en todo el territorio español, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 2/2010.
  2. Garantizar la implementación de servicios de salud sexual y reproductiva en todo el territorio del país que permitan el acceso efectivo a métodos de anticoncepción y a la interrupción voluntaria del embarazo de todas las mujeres y adolescentes, en especial de aquellas en situación de vulnerabilidad, eliminando las barreras legales existentes, como el Real Decreto Ley 16/2012. 
  3. Establecer un protocolo común para todo el Sistema Nacional de Salud con el fin de garantizar el acceso de las mujeres a una información científica, objetiva, comprensible en relación a la interrupción voluntaria del embarazo, en los términos que establece la Ley Orgánica 2/2010. 
  4. Implementar en todo el territorio mecanismos y procedimientos para que la objeción de consciencia del personal médico no constituya un impedimento para el acceso efectivo e igualitario a los servicios de salud sexual y reproductiva y la interrupción voluntaria del embarazo.

* Informe completo de derechos sexuales y reproductivos


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