España suspende en la protección de migrantes y solicitantes de asilo

Viernes, 21 junio 2013

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El informe de Migreurop `La protección de los derechos de las personas migrantes en Europa: España´ denuncia los obstáculos que encuentran migrantes y solicitantes de asilo en nuestro país. Os resumimos sus principales conclusiones:

Centro de Internamiento de Extranjeros

El documento, presentado hace unos días, denuncia que en los Centros de Internamiento de Extranjeros se dan irregularidades en materia de defensa jurídica, en el acceso al asilo y en la situación de menores migrantes no acompañados. Señala también deficiencias en la atención médica, especialmente graves en el caso de las mujeres embarazadas, que no reciben una atención médica especializada. Describe casos concretos de malos tratos policiales a personas internas en distintos centros cuyos culpables han salido impunes, como el de tres argelinos que a pesar de haberse declarado menores de edad y presentar sus partidas de nacimiento, fueron expulsados tras unas pruebas óseas que afirmaban que eran adultos. Antes de ser devueltos a su país denunciaron haber sido golpeados en las celdas.

O el de un solicitante de asilo marroquí que asegura haber sido golpeado e insultado, por agentes de policía sin identificación, en el CIE de Madrid, fuera del alcance de las cámaras de vigilancia. La víctima no fue trasladada al hospital pese a sus graves heridas y la solicitud del propio servicio médico del CIE, y fue finalmente expulsada de forma acelerada después de los hechos. Por todo ello el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha dictado que el Estado español debe concederle a la víctima “una reparación proporcionada al mal causado”, y pone el informe a disposición de los Relatores Especiales de la ONU sobre la cuestión de la tortura y sobre los derechos de los migrantes.

Control de las fronteras

Respecto a la crítica situación en materia de externalización y control en la Frontera Sur de España, el informe denuncia “las desgraciadamente habituales ocasiones donde el estado español obvia sus propios procedimientos legales de la normativa española de control de fronteras, utilizando ‘vías de hecho’ vulneradoras de los derechos más básicos de las personas extranjeras que tratan de entrar por vías irregulares en España”, y centra su atención en las muertes en las vallas de Ceuta y Melilla; en el caso “Marine 1” y la repatriación irregular de todos los pasajeros del barco, personas inmigrantes a Mauritania en 2007; y el reciente suceso de Isla de Tierra, con la expulsión colectiva de 73 personas a Marruecos.

Víctimas de trata

En este ámbito denuncia la desprotección que sufren las víctimas de trata, especialmente en lo relativo al asilo y a la protección internacional. “Es preocupante que no se haya concedido el estatuto de persona refugiada a ninguna víctima de trata en España. Esto se debe a que el Estado está haciendo una interpretación incorrecta de la normativa internacional sobre asilo y protección subsidiaria, al entender que las víctimas de trata tienen un sistema de protección contemplado en la normativa de extranjería que es excluyente del acceso al sistema de protección internacional, por lo que derivan a las víctimas hacia aquél. Aunque es verdad que no todas las víctimas de trata son merecedoras de protección internacional, no puede ser que se determine de antemano que todo un grupo no puede tener acceso a un derecho que debería determinarse caso a caso”.

Obstáculos para los defensores de DDHH

Pese a que la vigente legislación española reconoce el derecho de las organizaciones a entrar en los CIE y atender a las personas internas, este derecho sólo es efectivo en los CIE de Madrid y Valencia. Incluso en los casos en los que el acceso es reconocido y respetado, “este se efectúa bajo condiciones de dificultad”, dice el documento. Se respeta la intimidad y se reconocen horarios amplios, pero “la actitud de la policía es frecuentemente hostil y tendente a poner trabas”. En los casos de detección de violación de derechos fundamentales de las personas internas que son denunciadas ante el juzgado, no existen garantías para que el proceso judicial se desarrolle con normalidad ya que las víctimas son expulsadas a sus países rápidamente, para evitar que estén presentes en él. También resulta complicado identificar a los agentes de policías supuestamente culpables porque no llevan encima su número de placa y por la ausencia de cámaras en muchas zonas de los centros, asegura el informe, o la destrucción de las grabaciones.

Si quieres consultar La protección de los derechos de las personas migrantes en Europa: España, puedes descargarlo aquí (PDF).


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