La situación de los defensores de derechos humanos y ambientales en América Latina empeora, especialmente en Guatemala, donde los tribunales acaban de ratificar la condena del líder maya q’ecqchi´Bernardo Caal Xol, encarcelado desde hace más de tres años tras ser sentenciado, sin pruebas, a siete año y cuatro meses de prisión. Nos sumamos a la petición de libertad para Bernardo Caal realizada por las comunidades y asociaciones civiles tanto de Guatemala como de otros países, sumándose asimismo al llamamiento de Naciones Unidas, en aras de un proceso limpio.

Guatemala: malos tiempos para defender el medioambiente

Este emblemático caso tiene lugar en un país donde sólo en 2020 fueron asesinadas 13 personas por liderar luchas relacionadas con el medio ambiente y la defensa del territorio, el agua y los ríos, según el informe de Global Witness. Guatemala es, en proporción a su población, el tercer país del mundo con más crímenes por este motivo tras Colombia y Honduras.

El caso de Bernardo Caal se remonta a 2018, cuando fue denunciado por la hidroeléctrica Oxec, construida sobre el río que lleva ese mismo nombre en el territorio indígena de Alta Verapaz, por supuesta retención ilegal de personas y robo de material durante una protesta a la que acudieron cientos personas que había tenido lugar en 2015). La denuncia tuvo lugar después de que Caal lograra parar las obras de la empresa OXEC S.A. durante seis meses, tras recurrir a la Corte Constitucional de su país porque no se había realizado una consulta a los pueblos indígenas afectados. Consulta que sigue sin hacerse oficialmente.

Un juicio sin pruebas

En el juicio, no se pudo probar que estuviera presente en los hechos, pero pese a la falta de pruebas, y a que las acusaciones de la empresa se basaban en testimonios de sus empleados, finalmente fue condenado a siete años y cuatro meses, incluyéndose un delito de instigación a delinquir que no figuraba en la acusación y fue propuesto por el propio Ministerio Fiscal. Desde que se puso un recurso de casación en la Corte Suprema, al entenderse que había defectos evidentes de forma y fondo, este organismo ha tardado un año en emitir una resolución porque se han excusado hasta 63 jueces, según el Colectivo Madreselva, y finalmente se ha denegado el recurso, ratificándose finalmente la sentencia por dos votos contra uno.

El abogado de Bernardo Caal, Edgar de León, ya ha anunciado que apelarán al amparo de la Corte Constitucional para que anule un fallo, que  considera un ataque a los pueblos indígenas. “Es muy frustrante para un abogado ver que no se aplican las reglas del juego y que lo magistrados lo consienten”, señala.

No estamos hablando de un litigo con una persona, sino que es por la lucha por los ríos en el contexto de una legítima protesta indígena. Edgar de León, abogado de Bernardo Caal

Julio González, del Colectivo Madreselva, añade: “Esa saña judicial contra Bernardo sólo se explica porque hay unas cortes judiciales a la medida de los intereses empresariales y un Ministerio Público que no aplica la Justicia sino que trabaja para construir los privilegios mientras se ponen en marcha leyes como las que limitan la acción de denuncia de las ONG o la libertad de expresión que dejan al pueblo desinformado, todo un andamiaje para el despojo de tierra, agua y derechos de las comunidades indígenas”.

El Consejo de Autoridades Ancestrales Q’eqchí de Santa Maria de Cahabón, donde está OXEC S.A. ha exigido su puesta en libertad inmediata, que se investigue a los funcionarios implicados y que se reconozca la consulta comunitaria popular que se realizó en 2017, siendo rechazada la hidroeléctrica.

Existen muchos más casos

Este caso es uno más en el cual un proyecto empresarial no cumple con la debida diligencia y como consecuencia surgen los conflictos. Conflictos en los cuales las personas defensoras de derechos humanos acaban siendo acosadas, criminalizadas y, en no pocos casos, asesinadas.

Recordamos el caso de la otra hidroeléctrica en la zona, RENACE, construida en varias de sus fases por la empresa española Grupo Cobra (ACS). Tras una denuncia ante una institución interministerial española (el Punto Nacional de Contacto, dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, esta concluyó que la empresa española Grupo Cobra (ACS) no había cumplido con la debida diligencia, Por ello se le instaba a pedir disculpas a los indígenas afectados por la obra, por la que tampoco hubo consulta previa, y ayudar a compensar los daños. Ni lo uno ni lo otro se ha hecho, según los afectados.

En este sentido, Almudena Moreno, nuestra coordinadora de Desarrollo Local Sostenible, afirma que para evitar casos como el Bernardo Caal o el del Grupo Cobra en RENACE “es necesario que España cuente con una ley que exija el cumplimiento de los derechos humanos y ambientales a las corporaciones españolas en todos los países donde tienen actividad para evitar estas malas prácticas. Asimismo, seguiremos trabajando junto a otras organizaciones por la libertad de Bernardo”.