El intercambio de buenas prácticas y experiencias de trabajo en la prevención, sanción y erradicación de la violencia de género por parte de las instituciones públicas es uno de los resultados del Proyecto Fortaleciendo ciudadanía activa y servicios locales para garantizar a las mujeres una vida libre de violencias en los municipios de El Alto (La Paz, Bolivia) e Independencia (Lima, Perú), financiado por el Ayuntamiento de Madrid. Tres organizaciones de sociedad civil, el Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza, el Movimiento Manuela Ramos y Alianza por la Solidaridad, coordinamos y trabajamos en este proyecto de forma articulada con grupos de mujeres organizadas, mujeres autoridades y candidatas, instituciones públicas y tomadores de decisión, a fin de monitorear, dialogar, coordinar acciones e incidir en la mejora del diseño e implementación de las leyes y políticas públicas en favor de la igualdad de género.

Como parte de este trabajo, del 13 al 15 de agosto, una delegación del Municipio de El Alto, integrada por Harry Suáznabar, jefe de la Unidad Municipal de Atención Integral a la Familia, que incluye a las Defensorías de la Niñez y Adolescencia y los Servicios Legales Integrales Municipales, el Capitán Jimmy Gonzales, Director de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia de El Alto, y Sorel López, Responsable de Incidencia de Gregoria Apaza, acompañados del equipo de Alianza por la Solidaridad-Bolivia y del Movimiento Manuela Ramos, ha visitado Lima para conocer cuáles con los desafíos que existen en el distrito de Independencia (Lima Norte) en la lucha contra la violencia de género y en la aplicación de la Ley 30364, los sistemas de coordinación entre servicios y organizaciones, y las distintas estrategias y acciones que se están poniendo en marcha.

En Independencia nos hemos reunido con la Mesa de Concertación de Lucha contra la Violencia Familiar, Sexual y la Prevención del Consumo de Drogas, integrada por más de 20 organizaciones e instituciones, públicas y privadas, que se reúne mensualmente para coordinar y realizar acciones de monitoreo a las políticas públicas, acceso a servicios de atención integral a mujeres en situación de violencia, e información, prevención y promoción de patrones socioculturales no violentos. Hemos visitado varias de las instituciones que son parte de la Mesa y que trabajan en Independencia, como la Comisaría de la Familia, la Comisaría Central, el Consejo Distrital de Seguridad Ciudadana, y el Centro de Emergencia Mujer (CEM), instancia que ofrece servicios gratuitos especializados en psicología, patrocinio legal y trabajo social a las mujeres afectadas por violencia y a otros integrantes del grupo familiar, además de actividades de sensibilización. El CEM de Independencia ha realizado desde 2010 más de 50.000 atenciones especializadas para un promedio de 207.647 habitantes.

Además, hemos mantenido una reunión con las personas responsables del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual (PNCVFS) y la Dirección General contra la Violencia de Género, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), en la que se compartieron las estrategias y políticas que el Gobierno de Perú está realizando, operativizando la Ley 30364 y el Plan Nacional contra la Violencia de Género (2016-2021), como la creación de un sistema de justicia reformado y especializado para casos graves de violencia de género, aumentar el número de Centros de Emergencia Mujer en todo el país, la puesta en marcha de un Observatorio Nacional que se lanzó en marzo de este año, y en general un incremento presupuestario “de excepción y urgencia” de 18 millones de dólares para la lucha contra la violencia de género, que ha sido comprometido por el Presidente de la República Martín Vizcarra.