El pasado 28 de julio fue aprobado en Consejo de Ministros el II Plan Nacional de Acción sobre Mujeres, Paz
y Seguridad (2017-2023), cumpliendo así con el compromiso anunciado por el presidente del Gobierno en octubre de 2015, en el marco del debate de alto nivel del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. En este proceso de elaboración y como se menciona en el Plan aprobado se acordó la participación de la sociedad civil y organizaciones de mujeres respondiendo a una reivindicación histórica de las organizaciones de mujeres, que desde la elaboración del primer plan reclamaron ser partícipes de todos los procesos de implementación de la resolución 1325. Además, se trata de una de las principales recomendaciones del Estudio Mundial sobre la aplicación de la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que tras quince años de la Resolución planteaba muchos interrogantes en cuanto al abordaje y compromisos reales de los Estados para hacer efectivo su cumplimiento.

Como organizaciones de sociedad civil y feministas y partiendo de la aprobación del II Plan de España valoramos positivamente que se haya producido una cierta apertura a nuestra participación en el proceso de elaboración del nuevo Plan de Acción. Sin embargo, queremos poner de manifiesto que esta participación ha estado obstaculizada por múltiples limitaciones que la han convertido en una consulta puntual más que en una participación efectiva y sustantiva con escasa planificación y que se ha traducido en que en el nuevo Plan de Acción haya una escasa incorporación de las propuestas concretas trasladadas
por la sociedad civil.

A pesar de las dificultades que ha representado la ausencia de planificación clara, la falta de espacios de participación formales, así como tiempos establecidos de trabajo para plantear aportes y propuestas, las organizaciones de sociedad civil hemos elaborado propuestas específicas al Plan en línea con las recomendaciones internacionales y buscando la coherencia de políticas. La falta de integración de las propuestas y recomendaciones de la sociedad civil se refleja en que el Plan:

• No cuenta con un presupuesto propio ni con compromisos presupuestarios concretos.
• No cuenta con un cronograma ni calendario de ejecución, lo que dificulta la planificación y seguimiento.
• Hay cierto desequilibrio entre los contenidos de carácter declarativo de los contenidos puramente operativos del Plan, que se concreta en la falta de concreción quedando en el aire el cómo se van a aplicar e implementar los marcos, objetivos y principios declarados a lo largo del texto. Ello provoca una falta de coherencia vertical, esto es, escasa correspondencia entre los principios mencionados, objetivos, medidas y áreas de acción y áreas temáticas.
• Se observa una falta de coherencia horizontal entre los diversos marcos, planes e instrumentos de acción exterior existentes que se enmarcan en otros planes desarrollados por los diversos ministerios participantes. Así, aunque se mencionan algunos planes o marcos vigentes relevantes en lo que se refiere a la implementación del presente plan, no se aborda ni menciona cómo se va a llevar a cabo la necesaria coordinación entre las conexiones y armonización de sinergias entre las mismas.
• Carece de indicadores de impacto y proceso, así como de indicadores de género, estableciendo mayoritariamente indicadores descriptivos y cuantitativos de actividad, que no miden el logro, ni el impacto transformador de las acciones.
• No establece un objetivo claro de apoyo a organizaciones de mujeres, elimina el término feminista del plan y términos vinculados al lenguaje de derechos, lo que limita el carácter transformador de las acciones.
• No promueve un cuestionamiento de las estructuras de poder patriarcal que derivan en los graves impactos de género que tienen los conflictos armados sobre las mujeres y las niñas, ni de las políticas militaristas internacionales, que tal y como identifica el Estudio mundial sobre la aplicación de la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, suponen un grave obstáculo para la paz y la seguridad internacionales.
• Ausencia de referencias y medidas a la necesaria coherencia de políticas, entre las diferentes dimensiones de la política exterior española, para garantizar que no se contribuye a la generación de las causas de los conflictos (comercio de armas, políticas de seguridad, etc).

Por todo ello, y como organizaciones implicadas en el seguimiento de esta agenda, pedimos al gobierno español que establezca los procedimientos necesarios, así como los recursos suficientes para que los compromisos de España con la agenda Mujeres, Paz y Seguridad generen impactos efectivos, e incidan en procesos más sostenidos e igualitarios de construcción de paz. Para ello consideramos imprescindible la rendición de cuentas, la participación efectiva de la sociedad civil y de las organizaciones de mujeres y feministas, así como la incorporación efectiva del enfoque de género desde una estrategia dual de empoderamiento y transversalidad en todas las acciones impulsadas.

Partiendo de que el cumplimiento del II Plan Nacional de Acción es un compromiso internacional y una agenda tanto de política exterior como de políticas nacionales, solicitamos a los partidos políticos de la oposición que realicen una labor exigente de seguimiento, en coordinación con las organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones feministas implicadas en la agenda.

Teniendo en cuenta que el II PNA reitera que la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad es una agenda de derechos humanos, demandamos al gobierno español que, a pesar de las limitaciones en cuanto a las metas y medidas concretas establecidas en el texto del Plan, ponga en marcha acciones específicas con capacidad transformadora. Esto implica que se fortalezcan los pilares del Plan relacionados con la justicia, educación y se deberían priorizar las medidas de apoyo a la participación de las mujeres en los procesos de paz. También que se fortalezca a las organizaciones de mujeres y feministas y que se establezcan espacios de intercambio efectivos con la sociedad civil y las organizaciones locales sobre el terreno. La aplicación concreta del II Plan de Acción Nacional, que se define como un documento vivo, debe corregir las debilidades y carencias del texto aprobado, de manera que impulse una aplicación efectiva de la Resolución 1325.

*Foto portada: 1325: mujeres resueltas a construir la paz. Del Gobierno de España