La Corte Penal Internacional juzgará casos de delitos ambientales y acaparamiento de recursos naturales junto a genocidios y guerras

El acaparamiento de tierras y la destrucción del medio ambiente han pasado a ser competencia de la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, según recoge en un documento de la institución que ha sido hecho público. Hasta ahora, esta corte se limitaba a juzgar a personas acusadas de cometer crímenes de genocidio, guerra, agresión y lesa humanidad.

El Tribunal, fundado en 1998 tras los genocidios en la antigua Yugoslavia y Ruanda, ha constatado que, así como ahora se producen este tipo de crímenes con menos frecuencia, aumenta la apropiación ilegal de la tierra, la explotación de los recursos naturales y la destrucción ambiental, crímenes contra la humanidad que afectan a decenas de miles de personas. Puntualiza que ello no significa que se amplíe el número de delitos que va a tratar, sino que los daños ambientales y el expolio de la tierra deben ser interpretados desde ahora en un contexto más amplio, de forma que puedan ser atendidos como situaciones de “atrocidad masiva”.

Alianza por la Solidaridad destaca la importancia de que esta Corte Penal Internacional persiga violaciones graves de los derechos humanos en tiempos de paz, entre las que menciona el apoderamiento violento de la tierra, con expulsión de sus habitantes, la destrucción de bosques tropicales o el acaparamiento del cauce de los ríos, situando a los autores de estos delitos al mismo nivel que los criminales de guerra o los dictadores.

Hasta ahora, recuerda Alianza, las iniciativas internacionales contra el acaparamiento y la destrucción de recursos naturales ha sido claramente insuficiente para evitar los abusos. La única aprobada por consenso en el ámbito de Naciones Unidas fueron los principios Ruggie (2011) sobre la responsabilidad de las empresas y los derechos humanos, si bien son de carácter voluntario y poco conocidos.

Precisamente para concienciar sobre este tema, Alianza ha lanzado campaña TieRRRa, cuyo objetivo es sensibilizar sobre los impactos de las inversiones de determinadas empresas en los recursos naturales y los derechos humanos, a la vez que denuncia aquellos casos en los que no vulneran generando graves daños socio-ambientales.

A estos principios Ruggie se añade que, en junio del 2014, a propuesta de Ecuador y Sudáfrica, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó la resolución 26/9, cuyo objetivo es la elaboración de “un instrumento jurídicamente vinculante para regular las actividades de las empresas transnacionales y otras empresas en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”. Desde entonces se ha tratado de sacar adelante, pese a los obstáculos puestos por buena parte de los Estados de origen de las inversiones, entre los que destacan los países de la Unión Europea (incluido España, que no ha participado en el Grupo de Trabajo preparatorio) o Estados Unidos que se ha mantenido al margen.  Desde estos países, se alega que las normas existentes ya son suficientes.

Precisamente, el futuro tratado incluiría una parte jurídica, dado que, en muchos casos, ante la ausencia de normas internacionales vinculantes, los tribunales de los países que sufren los impactos negativos de las inversiones no siempre resultan eficaces respecto a compañías transnacionales.

Almudena Moreno, responsable de la campaña TieRRRa de Alianza por la Solidaridad, señala que “el hecho de que la Corte Penal Internacional, a partir de ahora, sentencie sobre estos delitos es una excelente noticia contra la impunidad y ayudará a reforzar la necesidad de contar con una normativa internacional que sea vinculante, dado que existirá ya una entidad internacional en la que poder denunciar”.

La próxima sesión del grupo de trabajo sobre el tratado vinculante tendrá lugar en Ginebra entre los próximos 24 y 28 de octubre de 2016.

El último caso denunciado por TieRRRa es la construcción de un complejo hidroeléctrico sobre el río indígena Cahabón, en Guatemala, por parte de la empresa ACS, presidida por Florentino Pérez. La obra, propiedad de Renace, ha dejado casi sin agua un cauce en torno al cual viven 29.000 indígenas quekchí. Alianza por la Solidaridad tiene abierta una campaña de la que se llevan ya recogidas más de 10.000 firmas.

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