Alianza por la Solidaridad, que ha acudido a la III Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo en la región, considera positivo que se reafirmen los compromisos con el progresista Consenso de Montevideo, el acuerdo intergubernamental más avanzado que existe.

La III Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y Caribe, celebrada en Lima (Perú) ha llegado el 9 de agosto al final con un resultado satisfactorio en torno a los derechos de las mujeres y migrantes, fundamentalmente por el hecho de que no se ha retrocedido respecto a lo alcanzado en el pasado en 2013, cuando actualmente predomina un contexto de conservadurismo político en la región, y a nivel mundial.

En el encuentro, al que han acudido 32 países miembros de  la CEPAL y un país asociado, se han revisado los avances de cada uno de ellos en la implementación de los acuerdos adoptados en la primera conferencia de 2013, conocidos como Consenso de Montevideo, en torno a los derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres, los derechos de las personas migrantes, el derecho a la educación sexual integral, y otros avances progresistas relacionados con niñez, adolescencia y juventud, el envejecimiento, la justicia social y la igualdad. Este Consenso es hoy una referencia fundamental a nivel mundial por su espíritu progresista, pero existía el riesgo de que algunos estados con presencia de personas anti-derechos en sus gobiernos quisieran renegociarlo  (nota anterior).

Alianza por la Solidaridad, que ha estado representada en la Conferencia por su coordinadora en Bolivia, Elena Alfageme, considera que «la resolución final ha salido fortalecida gracias a los aportes de algunas de las delegaciones oficiales, muchas de las cuales tenían entre ellas a representantes de organizaciones feministas, indígenas y de afrodescendientes, que han estado presentes con fuerza en la conferencia.”

En uno de sus puntos, la resolución final reconoce precisamente el papel fundamental de las organizaciones de mujeres, feministas y movimientos sociales han tenido en el seguimiento de las conferencias de Población y Desarrollo de la ONU (a la conferencia asistieron 320 personas de sociedad civil). En varios puntos, además, menciona la perspectiva de interculturalidad, de derechos humanos y de género, aún cuando este último enfoque fue rechazado previamente por varios países ante la presión de lobbies conservadores. Estos grupos de presión, intencionadamente, hablan de “ ideología de género”, cuando el género no es una ideología sino una categoría de análisis de las relaciones de poder y una construcción social. Destaca también que se insta a los países a romper brechas de desigualdad, sobre todo en lo relativo al trabajo no remunerado de las mujeres, incluido el doméstico y el de cuidados.

Si bien se trató de incluir en el Convenio la necesidad de que los países realicen estadísticas por orientación sexual e identidades de género, finalmente esta propuesta no salió adelante y quedó englobada bajo el epígrafe “otras características pertinentes” ante la oposición de países como Paraguay, que recordamos que en 2016 eliminó la palabra género de la Ley contra la violencia hacia las mujeres, por considerar que la ley podría incluir también a las personas transexuales y transgénero.

En general, los países  con posiciones más conservadores han sido Paraguay, Brasil, Colombia, y Jamaica. Argentina ha sido moderado en algunas cuestiones y avanzado en otras, país que, precisamente fue gran protagonista porque el día 8 se votó en su Senado, un proyecto de ley sobre la legalización del aborto que fue rechazado. El apoyo a las movilizaciones argentinas del “pañuelo verde” fue continuo durante la Conferencia. México, República Dominicana, Bolivia y Uruguay estuvieron entre los más progresistas, con posturas abiertas a derechos sexuales y derechos reproductivos. En Perú se ha detectado un cambio hacia posiciones más progresistas, desde la llegada a la presidencia de Martin Vizcarra, en marzo de este año.

Las declaraciones del foro de sociedad civil y del foro de juventudes han criticado con dureza, entre otras, las situaciones que se están viviendo en Nicaragua, con la fuerte represión del gobierno de Ortega, y de Honduras, donde los asesinatos de defensoras de derechos ambientales, como el de Berta Cáceres, quedan en la impunidad.

Uno de los aspectos fundamentales a debatir en la Conferencia era el estado del trabajo sobre los indicadores que permitirán definir con precisión los avances de cada Estado en cuanto a los derechos que recoge el Consenso. “Se ha decidido extender el mandato del grupo de trabajo de indicadores hasta una próxima reunión en 2019, donde el informe final será aprobado, y que contarán con el apoyo de CEPAL para incorporarlos en las próximas rondas de censos que comenzarán en 2020 en la región”, explica Alfageme desde Perú. Además se pondrá en marcha es una plataforma virtual de seguimiento al Consenso. Ya existe una de la sociedad civil sobre derechos sexuales y derechos reproductivos denominada Mira que te Miro.

Entre los países que se han presentado como candidatos a ser  la sede de la próxima Conferencia regional están Costa Rica, República Dominicana y Bolivia.