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La justicia ambiental, asignatura pendiente contra el cambio climático

Lunes, 24 octubre 2016
Cecilia Carballo, vicepresidenta de Alianza por la Solidaridad

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Si me pregunto: “¿qué se le presupone a un dirigente político? ¿A una lideresa de la Unión Europea, del G20 o al próximo presidente/a de los EEUU?”, podría afirmar de forma rápida que fomentar la creación de nueva riqueza y puestos de trabajo, asegurar una estabilidad económica que permita mantener nuestros sistemas de salud, nuestra educación, nuestro desarrollo. En el caso de nuestros países, cumplir con la política económica de la zona euro. Y podría seguir agrandando la lista, porque seguro que se me ocurren muchas cosas.

De lo que estoy convencida es de que seguro que ninguno de los líderes europeos está pensando en la necesidad de comprar tierras en otro continente como plan B para la ciudadanía de su país, seguro que ninguno piensa en las implicaciones de los impactos del cambio climático sobre la soberanía del territorio que representan. Seguro que aún disocian las cuestiones migratorias y la movilidad humana forzada de los problemas ambientales.

Sin embargo, eso es lo que sí piensa el Gobierno de Kiribati, que ya ha comprado 6.000 hectáreas de tierras en Fiyi como medida de seguridad; “Si no se hace nada, Kiribati se hundirá en el océano. Para 2030, empezaremos a desaparecer. Nuestra existencia terminará en etapas. Primero, las capas de agua dulce serán destruidas. Los árboles del pan, el taro… el agua salada los matará”, afirmó en 2013 el anterior presidente de Kiribati, Anote Tong.

Esta “migración con dignidad,” es lo que le preocupa a Melchior Mataki, representante de las Islas Salomon cuando reclama, tras el Acuerdo de París, más apoyo por parte de la comunidad internacional y mecanismos financieros internacionales para hacer frente a los impactos del cambio climático en sus islas.

Me empecé a interesar por el cambio climático hace ya mucho tiempo, pero no porque viniera del mundo conservacionista o hubiera estudiado una carrera científica.

Lo hice tras observar  el impacto de éste sobre las personas, y el impacto sobre sus derechos -sus derechos a la alimentación y al agua potable, a la salud, a la educación o a la vivienda-. En definitiva, su derecho al desarrollo. Ese desarrollo para el que trabajaba y por el que luchaba desde que empecé mi carrera profesional.

Lo hice después de constatar que en muchos de los lugares donde trabajaba, las tierras fértiles pasaban por períodos de sequía prolongados y luego sufrían inundaciones repentinas, y después más sequía. En este contexto, se observaba claramente cómo sus infraestructuras mínimas habían cuasi desaparecido, sus medios de vida habían sido destruidos, sus cosechas se habían perdido.

Y lo peor es que estas personas con las que trabajábamos y con los que compartíamos los sueños por un futuro mejor no eran responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero que estaban causando este problema. El promedio de las emisiones de CO2 por persona en Mauritania es de alrededor de 0,79 toneladas métricas (70 kg) de CO2 al año, mientras que el promedio de un ciudadano de Estados Unidos está en las 17,5 toneladas métricas (17.500 kg, las emisiones de 230 mauritanos).

Para llegar a la siguiente conclusión no era necesario ser una gran estudiosa del clima: los que sufren de manera desproporcionada los impactos de los cambios sobre el clima no conducen automóviles, no tienen electricidad, no consumen de forma muy significativa.

La mayor parte de la población de los países en desarrollo está sintiendo cada vez más los impactos de los cambios en el clima, los cambios que les impiden saber cómo hacer crecer los alimentos adecuadamente y saber cómo cuidar de su futuro. Sequías e inundaciones son sólo algunas de las consecuencias más visibles y estas incrementan la pobreza extrema de las poblaciones rurales y provocan la migración de etnias y/o trabajadores del campo hacia zonas urbanas para sobrevivir. En definitiva, incrementan su situación de vulnerabilidad.

Coincido con otras voces que reclaman la Justicia Climática en que el cambio climático es la mayor amenaza para los derechos humanos en el siglo XXI. Y que frenar el calentamiento global debe de estar entre las prioridades de las organizaciones globales que apuestan por un desarrollo sostenible y equitativo.

Y si esto es así…. Si estamos hablando de la defensa de los derechos humanos en este siglo, no sólo me preocupa el problema y sus derivadas, me preocupa la necesidad de que hablemos de Justicia. Para mí, la situación de partida es diferente y las responsabilidades en el origen de loque ahora es un problema global también. Y eso me lleva a plantear la necesidad de defender la Justicia Climática. La Justicia Climática responde a un  argumento moral. En primer lugar, para visibilizar y empatizar con los que más padecen sus efectos adversos y se ven más afectados. Y en segundo lugar, para asegurarme  de que las actuaciones para hacer frente al cambio climático con la acción climática tienen en cuenta sus necesidades y no solo las de unos pocos.

Sabemos que en un mundo de 7.200 millones de personas, alrededor de tres mil millones se quedan atrás. Sabemos que en este mundo, el sur global crece anualmente debido principalmente a las desigualdades sociales y económicas. 1.300 millones no tienen acceso a la electricidad e iluminan sus casas con queroseno y velas, ambos son peligrosos.

Entre 2030 y 2050, el cambio climático causará unas 250.000 defunciones adicionales cada año, debido a la malnutrición, el paludismo, la diarrea y el estrés calórico…

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