La política de austeridad del FMI pone en riesgo los sistemas públicos en los países más vulnerables

La recomendación del Fondo Monetario Internacional de recortar el gasto público en el sur global ha eliminado casi 10 mil millones de dólares de los presupuestos salariales del sector público en los 15 países analizados en el estudio “The Public Versus Austerity” realizado ActionAid, junto con International Public Services e International Education. Esto equivale a eliminar más de tres millones de trabajadores esenciales en educación y sanidad, a pesar de la creciente necesidad de estos profesionales durante la pandemia en los países empobrecidos.

A pesar de que el FMI afirma que la contención salarial es una medida temporal, la investigación revela que en los 15 países estudiados se les ha recomendado recortar o congelar el presupuesto del sector público durante tres o más años y la mayoría durante al menos cinco años.

El informe, The Public Versus Austerity, muestra cómo los recortes presupuestarios están socavando el progreso en salud, educación e igualdad de género al tiempo que bloquea las respuestas de Covid-19 y las transformaciones necesarias para abordar la crisis climática.

Recomendaciones del FMI no basadas en datos

El análisis de los documentos del FMI, incluidos los informes del artículo IV que dan asesoramiento a las economías de los países durante años, también revela que se están utilizando indebidamente los datos a nivel nacional para reducir la financiación del empleo público. Por ejemplo, a países con un gasto muy diferente en los salarios del sector público se les recomendó igualmente que hicieran recortes: desde Zimbabwe con el 17% del PIB hasta Nigeria con solo el 1.8% del PIB. A pesar de estas enormes variaciones, el consejo del FMI consiste en recortar el gasto.

De los 69 documentos del FMI examinados, solo los de Liberia incluían cálculos sobre la escasez de personal existente en los sectores de la educación y la salud. Esa información es esencial para determinar los niveles de financiación del empleo público. El informe mostraba que la proporción de profesionales de la salud por cada 10.000 habitantes del país es de solo cinco, en comparación con el objetivo de la OMS, que lo establece en 41. A pesar de la clara necesidad de más trabajadores públicos en una variedad de sectores, se aconsejó a Liberia que hiciera un recorte de 1,1 puntos porcentuales en la masa salarial del sector público. Es decir “No hay una evaluación seria que avalen estos recortes. Al contrario, los documentos del FMI analizados utilizaron datos cuestionables y comparaciones de países inapropiadas para reducir el gasto salarial en el sector público” ha declarado Cristina Muñoz, directora de Alianza por la Solidaridad-ActionAid en España.

Necesidad de reforma urgente de las instituciones financieras

Este informe se publica pocas semanas después de que el Banco Mundial haya decidido dejar de publicar su informe anual “Doing Business” tras la investigación que reveló un sesgo interno significativo y una manipulación de los datos.

La investigación de ActionAid y sus socios destaca además la necesidad urgente de reforma en ambas instituciones financieras. Y subraya la necesidad de  una nueva dirección política que revalorice el papel del empleo y los servicios públicos en el fomento del desarrollo, la lucha contra la pobreza y la igualdad.

En los 15 países estudiados, si los gobiernos aumentaran el monto del PIB gastado en la masa salarial del sector público en solo un punto porcentual, permitiría contratar ocho millones de personas en los sectores sanitarios, educativo y otros trabajadores clave adicionales.

Algunos testimonios

El personal médico, sanitario y educativo de algunos países mencionados en el estudio han compartido historias en las que se muestra la fragilidad de unos sistemas afrontando en condiciones límites el impacto de la Covid-19 debido a la escasez de trabajadores clave.

En Nigeria, Abigail * es una de las dos parteras que trabajan en condiciones caóticas en un centro de salud en Abuja.

“De acuerdo con los estándares de la Organización Mundial de la Salud, se espera que una enfermera atienda a cuatro pacientes, pero aquí, en nuestro centro de atención médica, tenemos casi 150 mujeres aquí hoy y solo hay dos enfermeras de servicio”, dice Abigail.

Trabajamos y trabajamos, pero eso nos hace sentir mal. Cuando una persona está tan estresada no puede brindar la mejor atención a los pacientes. A veces no nos pagan al final del mes, sin embargo, se espera que nos presentemos a trabajar todos los días actuando con normalidad y atendiendo a las pacientes como si no tuviéramos problemas. No puedo pagar las cuotas escolares de mis hijos y he tenido que sacarlas por el momento. Espero que las cosas mejoren”.

En Zimbabwe, los salarios de los maestros y maestras (alrededor de ZWL $ 28.666, o US $ 335 por mes) son inferiores al umbral de pobreza de consumo, es decir de la cantidad necesaria para comprar alimentos y artículos no alimentarios suficientes para mantener a una familia de cinco miembros.

Farai *, un maestro de Zimbabwe cuenta que  “Nuestros salarios son como salarios de esclavos, los maestros enfrentan muchos desafíos. Sufrimos de estrés y los maestros sobrevivientes se sienten como si se hubieran convertido en mendigos. La moral está en su punto más bajo».

Nos hemos convertido en el hazmerreír de la sociedad, viviendo al día. Vamos a trabajar con ropa hecha jirones y vivimos en condiciones miserables. En el peor de los casos, algunos profesores han recurrido al hurto para sobrevivir. Pero a pesar de todo esto, todavía estamos cumpliendo con nuestro deber«.

Las políticas de austeridad impuestas por el FMI, como la contención de la masa salarial, muestran cómo se ha socavado los servicios públicos y ha impedido que los países puedan responder a las múltiples crisis a las que se enfrentan, como la crisis climática y la pandemia de Covid-19.

Notas:
* Los nombres del personal sanitario, educativo y otros trabajadores del sector público citados en la investigación se han cambiado para proteger sus identidades.
La investigación se centró en 15 países donde ActionAid apoya a los trabajadores del sector público, incluidos: Bangladesh, Brasil, Ghana, Kenia, Liberia, Malawi, Nepal, Nigeria, Senegal, Sierra Leona, Tanzania, Uganda, Vietnam, Zambia y Zimbabwe.
Se analizaron un total de 69 documentos del artículo IV y de préstamos del FMI. Los investigadores identificaron todos los informes del personal del Artículo IV (y la documentación adjunta publicada) a partir de 2016 a través de las páginas de información del país del FMI, entre mayo y julio de 2021.
Se utilizó el análisis de la base de datos de compromisos crediticios del FMI, a la que se tuvo acceso entre mayo y julio de 2021, para identificar los préstamos que están activos y / o han estado activos durante los últimos cinco años, y luego se buscaron los documentos de solicitud y revisión más recientes relacionados con estos préstamos.
Los investigadores realizaron un seguimiento de las tendencias y el asesoramiento del FMI en cada ejercicio financiero utilizando una base de datos de semáforos.
ActionAid analizó estos datos para calcular el costo del asesoramiento del FMI para recortar el gasto salarial del sector público para cada país en dólares estadounidenses y cómo esto se relaciona con la pérdida potencial de puestos de trabajo de los trabajadores del sector público. Usamos datos de la base de datos de Indicadores de Desarrollo Mundial del Banco Mundial combinados con datos de salarios tomados de los sitios web de comparación de salarios payscale.com y salaryexplorer.com. Un desglose completo de esta información está disponible en la nota metodológica.
Puede encontrar más detalles sobre la metodología del informe aquí.
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