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Las mujeres refugiadas, en situación catastrófica tras cinco años de conflicto en Siria

Martes, 15 marzo 2016
Rosa M. Tristán

Alianza por la Solidaridad denuncia el aumento de la violencia contra las refugiadas y sus hijos, que son mayoría en los países de acogida. Asimismo consideramos inadmisible el acuerdo entre la UE y Turquía porque vulnera el derecho humano al asilo y refugio.

refugiada siria

Alianza por la Solidaridad, en el quinto aniversario del conflicto en Siria, denuncia la situación catastrófica a la que se enfrenta la población refugiada que ha tenido que abandonar el país, y muy especialmente las mujeres y los menores de edad, que suponen más del 80 % de los cuatro millones que en este tiempo se han quedado sin hogar.

Desde que comenzó la guerra, según ha constatado Alianza en un reciente estudio, una de cada tres refugiadas en Jordania y Líbano han sufrido violencia de género, ya sea en espacios públicos o privados. El desplazamiento y el conflicto, además, ha aumentado el número de matrimonios precoces o forzados, hasta el punto de que casi la mitad de refugiadas se ha casado antes de cumplir los 18 años. En Jordania, en una de cada tres bodas la novia es una menor de edad, un número que no dejan de aumentar en familias que se han quedado sin recursos para sobrevivir y ven en estos enlaces una salida para sus hijas.

La ayuda internacional destinada a los afectados por este conflicto en Oriente Medio sigue siendo insuficiente. Baste recordar que de los 7.600 millones de euros comprometidos por la comunidad internacional para Siria en 2015 no se ha cubierto ni el 40 %. En Jordania, Alianza ha constatado que la ayuda humanitaria media que reciben la refugiadas sirias ronda los 12 euros mensuales per cápita fuera de los campos de refugiados, que es donde vive el 80 %. Es una cantidad que les aboca a la miseria, dada la subida de precios de bienes básicos de consumo, como la alimentación y la vivienda, que se ha producido en los países de acogida desde que se inició el conflicto. No hay que olvidar que las familias refugiadas no tienen permiso de trabajo y que más del 80 % viven por debajo del umbral de la pobreza.

Desde hace meses, la situación en los países limítrofes, donde trabaja Alianza desde hace 15 años, es crítica: Jordania acoge a 629.000 refugiados registrados, si bien se estima que pueden ser más de un millón, con una población local  de 6,3 millones; en  Líbano superan los 1,1 millones para un total de 4,4 millones de habitantes; y en Turquía son más de dos millones. Estas cifras que contrastan con los que han llegado a Europa (las últimas cifras oficiales hablan de 160.000, marzo 2016) y a España: oficialmente, 17.

Alianza, que antes del conflicto ya trabajaba en la zona con población refugiada palestina, desde el estallido de la guerra en Siria ha focalizado su atención en las mujeres originarias de este país. En concreto, trabaja en la prevención y  atención sanitaria, psicosocial y legal a las refugiadas sirias que sufren violencia de género. En estos centros ha podido detectar que no sólo aumenta la tasa de pobreza a medida que se perpetúa el conflicto, sino que también se incrementa el mencionado matrimonio temprano y/o forzado, la explotación infantil o la prostitución para poder sobrevivir.

La responsabilidad de Europa

Para Alianza es inadmisible el acuerdo que se negocia entre la Unión Europea (UE) y Turquía para expulsar a la población refugiada que llega al continente, dado que supone la vulneración del derecho de asilo y refugio, reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención de Ginebra para los Refugiados, la Carta Social Europea, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Político, los propios Tratados de la Unión Europea, la Carta de Derechos Fundamentales y las Constituciones de los Estados Miembros de la UE, entre ellos la de España.

La expulsión “en caliente” de personas que llegan a nuestras fronteras europeas huyendo de la guerra y sin posibilidades de retorno, son el culmen de la xenofobia, por lo que conmina al Gobierno español a oponerse a este acuerdo, tal y como ha manifestado la mayoría del Parlamento y a la UE a facilitar la entrada legal y segura de las personas refugiadas y a aumentar los fondos de ayuda internacional para los países limítrofes de acogida, que soportan el mayor peso de esta crisis humanitaria.


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