Hoy nos hemos concentrado ante el Palacio de la Moncloa para exigir al gobierno que apruebe la ley española de Debida Diligencia. Lo hemos hecho junto a otras organización de la Plataforma por las Empresas Responsables (PER), en representación de más de cien entidades y más de cuatro millones de personas.

Este acto de incidencia política y presión al gobierno de España ha sido motivada por el hecho de que, pese a existir un anteproyecto de ley redactado desde mayo de 2022, no se ha avanzado en la tramitación. Preocupadas por la inacción, nos hemos concentrado ante la Moncloa, hemos leído un manifiesto y entregado una carta abierta dirigida al presidente del gobierno, a las vicepresidentas y ministerios proponentes y coproponentes: Sr. D. Pedro Sánchez, Sra. Dña. Nadia Calviño, Sra. Dña. Yolanda Díaz, Sra. Dña. Teresa Ribera, Sra. Dña. Ione Belarra y Sr. D. Alberto Garzón.

Por una ley YA

En la carta, exigimos que se aceleren los trámites para aprobar la ley antes del fin de esta legislatura y cumplir así con los compromisos asumidos (el proyecto de ley está incluido en el Plan Normativo Anual de 2022 y en la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030). Además, hemos desplegado una pancarta, con el lema «Derechos para las personas, reglas para las empresas. Por una ley YA», en señal de descontento.

Entre los mensajes del manifiesto, leído por miembros directivos de las organizaciones como nuestra directora, Cristina Muñoz (con bufanda roja), se ha insistido en que:

«Es urgente pasar de las palabras a los hechos. La oportunidad está sobre la mesa, el proyecto está redactado y ahora hay que trabajar para que siga adelante. Avanzar en la dirección correcta es cuestión de voluntad. Los derechos humanos de miles de personas están en juego y la protección del medioambiente también. La oportunidad para cambiar el rumbo está en manos del Gobierno. La oportunidad de cambio es real y es ahora».

También se ha hecho hincapié en que:

«Las personas afectadas en sus derechos humanos y el medioambiente no pueden esperar más. España podría sumarse a países como Francia y Alemania que ya cuentan con legislaciones estatales al respecto, y convertirse así en un referente de liderazgo y promoción de los derechos humanos y el medioambiente. Y hacer de ello una insignia de las empresas españolas en el exterior y un sello distintivo de la Presidencia Española de la Unión Europea en 2023».

Es urgente que España apruebe esta ley para exigir que las empresas cumplan con sus responsabilidades en materia de derechos humanos y medioambiente en cualquier lugar del mundo. La ley también es crucial para garantizar la reparación a las víctimas de sus abusos o negligencias. Cientos de miles de personas están sufriendo las consecuencias de actuaciones empresariales que violan derechos humanos y que suponen graves problemas medioambientales en todo el mundo. Esas personas no pueden esperar más. Seguir demorando el proceso de tramitación de la ley perpetúa una situación extrema, sin consecuencias para las empresas ni reparación para las víctimas.