La activista indígena guatemalteca María Choc (María Magdalena Cuc Choc es su nombre completo) acaba de ser condenada a dos años de prisión, acusada por delitos inconsistentes. Esta es una prueba más del aumento de la persecución y criminalización de las personas defensoras de derechos en Centroamérica y, más concretamente, en Guatemala. Procesos penales como el de esta lideresa, no fundamentados en pruebas fehacientes, buscan desincentivar las luchas de las comunidades ante el expolio de sus recursos por parte de empresas apoyadas desde instancias políticas.

Usurpación agravada

El fallo sobre María Choc recoge una sentencia de dos años de prisión por “usurpación agravada”. Para recuperar su libertad, puede conmutar su pena abonando cerca de 1.000 euros, mediante un pago diario. Choc, intérprete y traductora del pueblo maya q’eqchi, lleva tiempo implicada en la lucha por los derechos de las mujeres que sufren violencia. También lo está en la defensa de su territorio, municipio de El Estor (Izabal), sobre todo frente a los impactos de una empresa minera canadiense.

Los hechos de los que la acusan se remontan a finales de 2016. Según la denuncia de la inmobiliaria Lisbal S. A., la defensora entró en una finca de la que habían sido desalojadas previamente 58 familias q’eqchíes. Según su testimonio, fue en calidad de intérprete de los desalojados. Sin embargo, según la acusación, amenazó a siete trabajadores de la finca. En enero de 2018, fue detenida arbitrariamente por estos supuestos delitos de amenazas, detención ilegal y usurpación agravada. Solo por el último, el Ministerio Público le pedía siete años de prisión. El fiscal no consideró los otros dos delitos, de los que finalmente fue absuelta. Su abogada, Wendy Pérez, confía ahora en que pueda presentarse un recurso de apelación.

María Choc, guardiana

María Choc es una de las protagonistas de nuestra campaña ‘Guardianas del Agua y la Tierra’, a las que apoyamos en Centroamérica. Tras su detención en 2018, señalaba:

“Fui encarcelada por defender los derechos de los pueblos y de las mujeres en los tribunales. Nos quieren silenciar e intimidar. Las leyes deberían respetarnos. Pero la ley en Guatemala está a favor de los corruptos y gana el que tiene dinero. Hemos sufrido muchos desalojos y once mujeres fueron violadas brutalmente. Sus casas y sus enseres fueron, todos, quemados. Lo hicieron agentes de seguridad de la empresa minera y policías nacionales. Mi delito es alzar la voz frente a la injusticia. Por ello hay tantos defensores encarcelados en este país”

Desde Alianza por la Solidaridad-ActionAid condenamos esta nueva criminalización que busca acabar con la movilización social frente al acaparamiento de recursos por empresas nacionales y extranjeras.

Larga lista

Cabe recordar la reciente detención de otra lideresa en el mismo país, Sofía Tot, destacada defensora en la Sierra de las Minas, en Baja Verapaz. Tot, que está a la espera de juicio, fue puesta en arresto domiciliario el pasado 21 de junio. Apenas unos días antes, había sido detenido Cristóbal Pop, presidente de la Gremial de Pescadores del lago Izabal y representante indígena. Pop había participado en una protesta pacífica cerca de la mina Fénix, de una subsidiaria de la compañía Solway Investment Group. Cuando fue arrestado, acababa de denunciar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el Estado los ha despojado de sus tierras, registrándolas a nombre de personas y empresas ilegalmente.

No hay que olvidar el caso de Benardo Caal, quien ha pasado cuatro años y dos meses en el penal de Cobán, tras ser condenado sin pruebas fehacientes –según diversos organismos internacionales, incluida la ONU– por su implicación en la defensa del río Cahabón frente a dos grandes proyectos hidroeléctricos.

Según el último informe de UDEFEGUA, organización que recoge datos sobre la situación de las personas defensoras en Guatemala, en 2020 se documentaron 1.004 agresiones, superando el año 2014, que era considerado el más violento. El 33,6% de ellas eran mujeres y, del total, 313 fueron casos de criminalización como los anteriores. Las acusaciones más comunes son incitación para delinquir, usurpación agravada, secuestro, amenazas, detención ilegal, robos y coacciones. Las personas acusadas pasan largos periodos de tiempo, por lo general varios años, sometidas a procesos penales. Mientras tanto, son desplazadas de sus comunidades, negándoseles el derecho a realizar actividades propias de defensa de los derechos humanos.