Liberados después de tres años prisión por defender su derecho al agua

Cuando se les pregunta a Saúl y Rogelio cuánto tiempo pasaron en la cárcel, ellos responden :“la primera captura, nueve meses y esta la segunda 28 meses, más de tres años de estar encarcelados injustamente. En los dos procesos penales fuimos absueltos por falta de pruebas. Lo difícil es para los que vivimos y sufrimos prisión injusta, teniendo que soportar las condiciones inhumanas de la cárcel”.

Ambos fueron condecorados el pasado mes de diciembre con la Orden Monseñor Gerardi a los Derechos Humanos por su oposición al proyecto de construcción de una central hidroeléctrica en territorio indígena.

En Santa Cruz de Barillas, municipio guatemalteco donde la empresa española Hidro Santa Cruz quiere llevar a cabo su proyecto, el de Saúl y Sergio no es un caso aislado. Allí, a causa de los planes de esta transnacional,  los vecinos han acabo enfrentándose unos con otros y se han llevado a cabo numerosas vulneraciones de los Derechos Humanos contra la población local: asesinatos, secuestros, amenazas, agresiones a mujeres, encarcelamiento de líderes comunitarios…

Por estos motivos, y otros como el no haber respetado el derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas para poder realizar este proyecto –tal y como señala la normativa internacional–, Alianza por la Solidaridad, Amigos de la Tierra y la Asociación Mujeres de Guatemala lanzamos una campaña, enmarcada en nuestra campaña TIERRRA, de recogida de firmas para exigir a Hidro Santa Cruz la retirada de este municipio.

Para estos pueblos, la protección de la Madre Tierra y la Vida es un derecho y una obligación de acuerdo a sus principios, los cuales son respaldados por la legislación guatemalteca, aunque a otros les sirvan para judicializarles y criminalizarles. Hoy quedan a la espera de su libertad otras siete personas del Norte de Huehuetenango: Adalberto Villatoro, Arturo Pablo, Francisco Juan, Mynor López, Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar, quienes son inocentes y para quienes exigimos su pronta libertad, al igual que para los presos políticos de otros departamentos.

Palabras testimoniales de Saúl Méndez y Rogelio Velásquez

“Hemos logrado esclarecer la verdad de nuestra lucha y nuestra inocencia ante el mundo. A pesar de tantas calumnia y mentiras, de falsas voces que se prestaron para inventar delitos y pintarnos ante la prensa y otros medios como los más grandes criminales del país y de todo el mundo, donde se decía que somos terroristas y un sinfín de delitos más, de los cuales ninguno pudo ser probado. Primero estuvimos presos durante nueve meses en el Centro Preventivo de la zona 18 de la ciudad de Guatemala. Cuando vieron que era imposible vencer nuestras fuerzas nos recapturaron acusándonos de delitos que fueron montados, haciéndonos la vida imposible durante veintiocho meses y fracción de días.

 

A nuestras esposas, a nuestros hijos, a nuestros padres, hermanos y vecinos, lamentamos mucho el sufrimiento que vivieron junto a nosotros. De igual manera nuestros compañeros están acusados injustamente y por eso están en la cárcel de Huehuetenango; Mynor López con casi veintiocho meses y Don Ermitaño López con más de seis meses. Otros están en el Centro Preventivo de la zona 18; Rigoberto Juárez, Domingo Baltazar y nuestros hermanos barillenses; Adalberto Villatoro, Arturo Pablo y Don Francisco Juan. Todos criminalizados, todos sin libertad, todos acusados de delitos falsos.

 

En nombre de nuestra inocencia probada una y otra vez, pedimos a las autoridades, al Ministerio Público y Juzgadores que atiendan nuestros casos lo más pronto posible, porque todos somos inocentes. Todos somos parte de un pueblo que lucha en defensa del territorio, de la Vida, del Agua y del futuro de nuestros hijos e hijas, del Pueblo Maya, del Pueblo Mestizo, de toda la sociedad. Esperamos que nuestras peticiones sean escuchadas lo más pronto posible y esperamos la pronta liberación de nuestros compañeros para la conformidad de sus familias y nuestros Pueblos.

 

También exigimos que sean anuladas todas las órdenes de captura de nuestros compañeros defensores y defensoras porque les están violando todos sus derechos. Por otra parte ni siquiera pueden salir a trabajar conformemente por las amenazas de las empresas transnacionales a través de las fuerzas armadas de nuestro país.

 

Nos preocupa lo que está sucediendo en el municipio de San Mateo Ixtatán, pedimos a las autoridades su intervención, siempre que escuchen la voz de los comunitarios y no se dejen llevar por los intereses de las empresas que solo buscan llevarse nuestros recursos naturales.

 

Dejamos constancia de nuestra preocupación por nuestra vida, ahora que estamos en libertad, le pedimos a las autoridades garantizar nuestra seguridad, la de nuestras familias, hijos e hijas y en general la de todas las personas y organizaciones que apoyaron nuestra libertad.”

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