Nuestro apoyo a l@s compañer@s de ActionAid Uganda frente al acoso gubernamental

Las autoridades ugandesas han cerrado las cuentas bancarias de ActionAid Uganda, impidiéndole así realizar su vital labor en la reducción de la pobreza. Del mismo modo, también enviaron una carta a 25 organizaciones no gubernamentales en la que exigían sus datos bancarios, previsiblemente, según ActionAid, con la intención de cerrar también sus cuentas bancarias, evitando así el trabajo de muchas organizaciones de la sociedad civil.

ActionAid ha exigido que las autoridades descongelen sus cuentas bancarias y pongan fin a sus actos de intimidación contra la sociedad civil. En palabras del director de ActionAid en Uganda, Arthur Larok, «parece que las autoridades ugandesas están dispuestas a sacrificar las necesidades y los derechos de sus propios ciudadanos para mantener su control sobre el poder. Debemos permitirnos seguir ayudando a las personas que viven en la pobreza y se enfrentan a la marginación. No podemos permitir que el daño llegue a la gente común».

El partido en el gobierno quiere enmendar la constitución para eliminar el límite de edad presidencial de 75 años de edad. La medida es vista ampliamente como una forma de permitir que el presidente en funciones Yoweri Museveni, de 73 años, vuelva a ser presidente de nuevo en 2021, habiendo gobernado este país de África Oriental desde hace 31 años.

Muchas personas, organizaciones y diputados se han manifestado en contra de este movimiento, sin embargo, las autoridades han respondido agrediendo a la sociedad civil y previniendo la reducción de la pobreza y el trabajo de compromiso cívico en el país.

Sin el acceso a los fondos, ActionAid no puede continuar su trabajo, esencial para la protección de las mujeres contra la violencia, debido a las continuas oleadas de asesinatos inexplicables y sin precedentes de mujeres en Kampala y sus alrededores.

Esta no es la primera vez que ActionAid ha sido blanco en Uganda. Los pasados días 20 y el 21 de septiembre, aproximadamente 20 policías y funcionarios de seguridad del Estado entraron en las oficinas centrales de ActionAid Uganda en Kansanga, Kampala. A todo el personal de la oficina se le impidió salir durante varias horas mientras la policía inspeccionaba a fondo los locales, sacando algunos documentos y confiscando los teléfonos celulares personales de algunos empleados y sus ordenadores. También atacaron las oficinas de dos de los socios locales de ActionAid Uganda.

El director de ActionAid en el país y el director de Finanzas, Bruno Ssemaganda, fueron convocados los días 10 y 11 de octubre a la comisaría de policía de Kampala para una «entrevista» y «prestar declaración». Aunque ambos fueron puestos en libertad sin cargos, ActionAid descubrió posteriormente que sus principales cuentas bancarias habían sido cerradas y también las cuentas bancarias personales de parte de los empleados.

El secretario general interino de ActionAid, Chris Kinyanjui, ha recalcado que «estamos profundamente preocupados por los actos de intimidación a los que nuestro personal está haciendo frente en Uganda y el hecho de que nuestras cuentas bancarias se hayan cerrado. Estamos preocupados por el impacto que esto está teniendo en el bienestar de nuestro personal y en el importante trabajo que estamos haciendo en el país para apoyar a las personas que viven en la pobreza y se enfrentan a la marginación».

La policía afirma que ActionAid Uganda ha estado involucrado en «actividades ilegales». Sin embargo, ActionAid cree que el allanamiento de la oficina, la entrevista policial y la congelación de sus cuentas bancarias forman parte de una campaña más amplia contra las protestas legítimas en protesta por el plan de eliminar el límite presidencial de la Constitución de Uganda.

Imagen: ActionAid Uganda
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