Hoy, 8 de septiembre, en el día de las personas cooperantes, compartimos la nota de prensa de la Coordinadora de ONGD de España.

Si existe una seña de identidad en la cooperación española es la cooperación descentralizada. Es decir, la que se realiza desde entidades locales, ciudades y comunidades autónomas. Un número importante de los proyectos que desarrollan nuestras organizaciones se financia a través de este tipo de cooperación. En un contexto mundial tan complejo como el que vivimos es fundamental fortalecer esta política pública. Sobre todo ahora que, en algunos territorios, está siendo debilitada de forma muy preocupante. Recordamos que, poco antes de las elecciones generales, la gran mayoría de partidos políticos se comprometieron con la cooperación.

Los gobiernos locales y autonómicos recientemente constituidos deben cumplir con la nueva Ley de Cooperación (que contó con el apoyo de casi la totalidad de partidos políticos). Así como avanzar hacia el cumplimiento del 0,7%, el fortalecimiento de sus estructuras y la garantía de un enfoque feminista y sostenible.

Las organizaciones con las que trabajamos en más de 100 países destacan la importancia del acompañamiento de la cooperación en entornos golpeados por el hambre, los conflictos, el debilitamiento de los derechos humanos, la expulsión de las personas de sus hogares o el asesinato de quienes defienden la tierra. El apoyo que reciben desde ciudades, pueblos y comunidades autónomas supone importantes logros en la mejora de la calidad de vida y la dignidad de miles de personas.

522 personas trabajan como cooperantes en nuestras organizaciones en más de 100 países. Su contribución es muy relevante en contextos complejos donde los derechos humanos están en juego o claramente limitados. En muchos lugares, la persecución a las organizaciones sociales locales y a las ONG internacionales complica su trabajo. La reforma del sistema de cooperación debe continuar. Se ha de asegurar que el Estatuto de los y las cooperantes garantice sus derechos laborales y la protección de quienes trabajan en cooperación y ayuda humanitaria.