Sólo el 8% de las empresas españolas evalúan el impacto de la actividad en los derechos humanos. El dato es uno de los que pudieron escucharse en el foro organizado en la Universidad Pontifica de Comillas. Un foro organizado por la Plataforma por las Empresas Responsables (PER) que busca lograr una legislación que obligue a las empresas a ser responsables en sus actividades, es por ello que se ha buscado la creación de una ley de empresas y derechos humanos en España.

Una ley de empresas y derechos humanos en España

La PER es una iniciativa de la que forman parte más de 500 entidades sociales, entre las que nos encontramos nosotras, Alianza por la Solidaridad. El objetivo de la PER es lograr una legislación que obligue a las empresas a ser responsables en sus actividades dentro y fuera del país; y el año 2022 puede ser aquel en el que se consiga.

Esta legislación funcionaría como paso previo a que exista una directiva europea o una normativa a nivel global al respecto; dado el alto nivel de internacionalización empresarial actual y las deficiencias en las regulaciones de muchos países del sur global.

En enero de este año se incluyó una Ley de Debida Diligencia de las Empresas en el Plan Anual Normativo del Gobierno; a propuesta de los ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Consumo y Asuntos Sociales y Agenda 2030. Se trata de regular sanciones por incumplimientos más allá de nuestras fronteras; y facilitar el acceso de los afectados por vulneraciones de la ley ante la Justicia en España, ya sea como individuos, comunidades o a través de ONG y sindicatos e incluirá un organismo o autoridad de seguimiento de la norma.

El ex eurodiputado socialista Ramón Jáuregui, uno de los promotores de la Responsabilidad Social Corporativa en España (RSC), destacó que: “Hasta ahora la responsabilidad social de las empresas se ha basado en la voluntariedad pero que  hoy el marketing diluye esa RSC con prácticas que esconden ilegalidades e impactos mientras que con la globalización se extiende la cadena de suministros y en países con regímenes legales débiles”.

Mientras tanto en el resto del mundo…

Hace un año el Parlamento Europeo, en una resolución, empujó a la Comisión a aprobar con urgencia una directiva sobre empresas europeas. En la que trataba la vulneración de derechos humanos y ambientales de su actividad en todo el mundo y en la que se recogieran sanciones y facilidades de denuncia de los afectados; pero parece que va para largo. Hay países que ya la tienen vigente, como Francia, Alemania o Noruega y otros muchos que ya la preparan, como Países Bajos o Austria.

Mujeres líderes de organizaciones en la defensa de derechos en Centroamérica, que trabajan junto a nosotras, pusieron sobre la mesa los impactos que negocios como los monocultivos, la minería o las hidroeléctricas generan en sus países.

“Las empresas vulneran los derechos laborales y ambientales, desalojan comunidades, promueven el acoso a dirigentes y acaparan ríos; pero en Guatemala tenemos un Pacto de Corruptos en el poder que limita la acción de la Justicia. Se ponen denuncias y no pasa nada. Se incumplen convenios internacionales y no pasa nada. Una ley que obligue a las empresas que van a Guatemala sería una puerta abierta para los pueblos a la que podríamos acceder.” expuso María Josefa Macz, del Comité de Unidad Campesina de Guatemala

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