• La cifra total de Ayuda Oficial al Desarrollo se conocerá en los próximos días, cuando se presente el Informe Agregado –documento que incluye además las partidas de cooperación de las Comunidades Autónomas y las Administraciones Locales. Según la Ley de Cooperación, este informe debería ser difundido al mismo tiempo que los PGE; sin embargo, esta exigencia es incumplida de manera reiterada desde hace años.
• Todo apunta a que se mantenga un porcentaje muy similar al de este año, lo que continúa situando a España a niveles de hace 30 años y a la cola de los países donantes.

Madrid, 1 de octubre de 2014. Los datos inicialmente arrojados por la PGE2015 chocan frontalmente con el compromiso asumido por Rajoy en la ONU, donde declaró: “A medida que crezca la economía española, el gobierno volverá a apoyar una inversión en cooperación al desarrollo generosa, inteligente y eficaz”. A espera de tener una cifra total de Ayuda Oficial al Desarrollo, todo apunta a que los “presupuestos de la consolidación de la recuperación económica” –como los ha denominado Montoro– no signifiquen grandes cambios en la maltrecha política de cooperación.

Insignificante recuperación de presupuesto del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación

Tal como ocurrió el año pasado, la Ayuda Oficial al Desarrollo está formada en gran medida por las contribuciones que España aporta obligatoriamente a la UE y que son gestionadas por el Ministerio de Economía y Hacienda. El incremento de las partidas del MAEC y la AECID, que es donde se reflejaría el esfuerzo voluntario de España por recuperar los niveles de compromiso con la Ayuda Oficial al Desarrollo, es mínimo en relación con los recortes que han venido sufriendo en los últimos años que alcanzan el 70%.

¿Aumenta el presupuesto de la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo?

El aumento de 12 millones de euros en el presupuesto de la AECID debe analizarse con cautela. Esta subida corresponde a los fondos de la llamada “cooperación delegada”; un tipo de cooperación que consiste en gestionar fondos que provienen del presupuesto de la Unión Europea. Es decir, se trata de fondos que ya han sido computados como AOD y que, por tanto, no son adicionales ni reflejan un incremento del esfuerzo presupuestario.

Papel residual de la sociedad civil y exigua ayuda humanitaria

La sociedad civil, representada por las ONG de Desarrollo, sigue siendo relegada a un papel secundario con una partida exactamente igual a la del año pasado y que sitúa la caída desde 2011 en un 82%.

Sorprende alarmantemente la exigua partida destinada a acción humanitaria, tanto la gestionada bilateralmente (de gobierno directamente a receptor –sea gobierno u organización) que ha descendido desde 2011 un 97%; como la gestionada por ONG cuyos fondos se ha congelado en medio millón de euros. Las gravísimas consecuencias que las crisis y emergencias humanitarias suponen para millones de personas en el mundo exigen compromisos firmes que garanticen fondos suficientes y eficaces – como se ha demostrado recientemente en Palestina. Si, tal como aseguró el Ministro Margallo en la inauguración de la base logística del Programa Mundial de Alimentos en Canarias, “la ayuda humanitaria es una de las señas de identidad de la política exterior española”, tales cifras demuestran que  la identidad de la acción exterior española está francamente debilitada.

Presupuestos que mantienen el debilitamiento de  las políticas públicas

El desinterés del gobierno por la protección de los derechos humanos queda reflejado no sólo en las cifras relativas a cooperación, sino también en las del resto de políticas públicas. Llama poderosamente la atención  que en unos presupuestos tan precarios haya capacidad para aumentar el presupuesto del Ministerio de Defensa en 52 millones mientras se congelan o incluso se reducen los escasos fondos destinados a garantizar los derechos de las personas. Sirva de ejemplo el recorte de un 90% sufrido por los programas de educación compensatoria, que son los destinados a estudiantes en situación social desfavorable.

La insistencia de Montoro en el cumplimiento del déficit público demuestra que sigue siendo utilizado como excusa para recortar los derechos de la ciudadanía. El gobierno renuncia a  recuperar la inversión en políticas públicas; una decisión que contribuirá a empeorar  la situación de la población más vulnerable y empobrecida.

Más información: Yolanda Polo (yolanda.polo@coordinadoraongd.org 695 940 370)