En las últimas semanas, miles de personas han salido a protestar en varias regiones de Perú. Exigen un profundo cambio político, con el adelanto de elecciones y la renuncia de Dina Boluarte, quien asumió la Presidencia tras la destitución de Pedro Castillo. Y es que el Congreso peruano «goza» de entre el 80 y el 88% de desaprobación de la población y la Presidenta, del 71% de desaprobación, según las encuestas realizadas en el país (IEP e IPSOS).

Las protestas han cobrado mayor fuerza en el sur del país, de población históricamente empobrecida, desfavorecida y discriminada, sobre todo, la población indígena y campesina. En estas protestas del sur se ha dado la mayor cantidad de enfrentamientos, represión policial, violencia y muertes. Todo ello ha llevado a la población peruana a demandar justicia.

2ª marcha de los cuatro suyos

El pasado jueves 19 de enero las protestas llegaron a Lima. Allí miles de personas, venidas de diversos puntos de Perú, protagonizaron la segunda “marcha de los cuatro suyos” (la primera fue en el año 2000 contra el régimen de Alberto Fujimori). Se produjeron enfrentamientos con la policía, convocada para resguardar la paz y las instituciones del Estado.

Según la Coordinadora nacional de derechos humanos de Perú, ha habido masacres, viviendas allanadas y cientos de detenciones arbitrarias. Esto denota falta de respeto al derecho a la protesta pacífica y al uso proporcional de la fuerza por parte del Estado. Además, según la Defensoría del Pueblo, durante las protestas se registraron, al menos, 55 muertes (cifra en aumento) y más de un millar de personas heridas. El Instituto de Medicina legal del país señala heridas de bala y de perdigones en las personas muertas.

Asimismo, el sábado 21 la policía intervino la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde estudiantes alojaban a manifestantes llegados a Lima desde otras regiones. Hubo detenciones masivas. Esta intervención ha generado el rechazo de organizaciones como nuestra aliada, el Movimiento Manuela Ramos, que denuncia vulneración de derechos humanos; así como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que visitó el país del 11 al 13 de enero, en el marco de las protestas.

Derechos humanos y justicia para Perú

Desde Alianza por la Solidaridad-ActionAid, consideramos de vital importancia que se preserven la vida y los derechos humanos durante el desarrollo y hasta la resolución del conflicto que vive Perú. También es clave asegurar justicia para todas las víctimas, con investigaciones objetivas y que lleven, con celeridad, a establecer lo ocurrido y las debidas responsabilidades.

En definitiva, abogamos por una salida urgente a la crisis, a las violaciones de derechos humanos, la militarización y la violencia, con diálogo, garantías y los mecanismos pacíficos necesarios para llegar a este fin. Siempre respetando los derechos de todas las personas, especialmente de quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad.

Fotografía del Movimiento Manuela Ramos.