Con motivo del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la Plataforma por las Empresas Responsables (PER) llama la atención sobre los impactos en los derechos humanos y el medioambiente que sufren comunidades indígenas por la actividad de empresas irresponsables.

Muchas empresas multinacionales, especialmente constructoras, energéticas, extractivas y agroalimentarias, desarrollan su actividad en terceros países y en contextos donde los derechos humanos y el medioambiente no están debidamente protegidos por la legislación. Mientras algunas empresas hacen las cosas bien, otras muchas se están beneficiando causando deforestación, acaparamiento de tierras, impedimentos de acceso al agua y al territorio… Todo ello, sin consecuencias para las empresas y con comunidades que se ven impotentes para acceder a la justicia y reclamar daños y perjuicios.

Cobra-ACS y Agrogeba

Desde Alianza por la Solidaridad-ActionAid, hemos documentado ejemplos en los que los derechos de los pueblos indígenas han sido vulnerados sin consecuencias para las empresas. Tal es el caso del pueblo indígena Q’eqchí en Guatemala. Allí, la falta de un estudio de impacto ambiental del complejo hidroeléctrico RENACE y la no realización de una consulta previa, libre e informada sobre sus bienes naturales ha permitido a la empresa Cobra-ACS llevar a cabo el proyecto sin la debida diligencia requerida. Esto fue confirmado por el Punto Nacional de Contacto del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de España. Supuso el colapso del cauce del río Cahabón y afectó a una población de 29.000 indígenas Q’eqchí.

También está el caso de la empresa Agrogeba por acaparamiento de tierras en las comunidades de Sare Djae, Campampe y Sintcham Ioba (Guinea Bissau). Estos y otros casos se encuentran recogidos en el dossier “Casos recientes de abusos de empresas españolas”, que evidencia cómo la ausencia de normas claras de responsabilidad empresarial vulnera derechos de las personas (muy especialmente de las mujeres) e impacta negativamente en el medioambiente.

Ley Made in Spain

Para evitar que esto siga ocurriendo, España debe aprobar una ley de debida diligencia empresarial para prevenir los impactos sobre los derechos humanos y el medioambiente. Una ley que obligue a las empresas a contar con planes de debida diligencia que cubran toda su cadena de valor, transparentes e independientes. Además, en caso de impacto, las personas afectadas podrán acceder a justicia y reparación.

Otros Estados, como Francia, ya lo han hecho y comunidades afectadas en terceros países por la irresponsabilidad empresarial han podido ir ante la justicia. Por ejemplo, allí han llevado a la empresa energética EDF, por violaciones al consentimiento libre, previo e informado, así como por ataques a defensoras en la implementación de su proyecto eólico Gunaa Sicarú, en la comunidad indígena zapoteca de Unión Hidalgo. Asimismo, grupos indígenas y oenegés han demandado al Grupo Casino, cadena de supermercados, por la venta de carne asociada a la deforestación en la Amazonía brasileña y colombiana y la vulneración de derechos de esas comunidades.

Contar con una ley nacional es efectivo para exigir responsabilidades a las empresas y garantizar la reparación a las víctimas.