El pasado 30 de junio Egipto vivió una jornada de multitudinarias protestas exigiendo la renuncia de Mohamed Morsi. La ciudadanía egipcia expresaba así su frustración con la situación social y económica, que no mejoró a pesar de las esperanzas suscitadas cuando cayó Mubarak.

Tras cuatro días en los que el clamor ciudadano fue masivo en todo el país, el 3 de julio el Ejército expulsa al presidente, toma el poder y forma un nuevo Gobierno de transición, todavía en proceso.

El papel de los militares ya había sido crucial en la caída de Mubarak: el Ejército desoyó en 2011 las peticiones del entonces presidente para que los ciudadanos y ciudadanas egipcias disolvieran la acampada en la plaza Tahrir. Su pasividad fue fundamental para que prosperaran las protestas, que culminaron con la celebración de elecciones que en julio de 2012 llevaron al poder a los Hermanos Musulmanes.

Pero las expectativas de cambio con la que se acogía el mandato de Morsi se truncaron enseguida: una política económica y social continuista con la de Mubarak, el empobrecimiento de la población y el retroceso en libertades individuales y colectivas volvieron contra el Gobierno a buena parte de la población, que empezó a señalarlo como responsables de la situación de crisis. Las mujeres fueron objeto de muchas de las reformas legislativas impulsadas, en la mayoría de los casos para restringir sus derechos, como la eliminación de la cuota de mujeres en el Parlamento y la reducción de su rol a la familia.

La persecución de las voces disidentes, la aprobación en solitario de la Constitución y la decisión de Morsi de auto otorgarse inmunidad total como presidente, alejaron definitivamente a su Gobierno de las esperanzas de democracia que se habían depositado en él.

Durante buena parte de su breve mandato, el ejército se convirtió en aliado de la represión que el Gobierno de Morsi ejerció contra quienes se oponían a sus políticas. La pérdida del apoyo popular, la inestabilidad política y las crecientes protestas llevaron al Ejército a ofrecer a Morsi un ultimátum que no fue aceptado, y terminó con su salida forzada del Gobierno.

Tanto dentro como fuera de Egipto, hay quienes ven la intervención del Ejército como un simple golpe de Estado hacia un Gobierno electo, y quienes lo sienten como la expresión de un apoyo a la voluntad popular.

En todo caso, el destino de la transición democrática es incierto. Una de las primeras medidas del Gobierno de transición establecido por los militares ha sido un decreto constitucional que marca plazos electorales y atribuye poderes casi absolutos al Presidente.

La actitud del Ejército tras la expulsión forzada de Morsi del poder fue menos pasiva que en 2011. En los días siguientes a su caída se produjeron arrestos arbitrarios de líderes de la Hermandad, cierre de medios de comunicación afines, y represión y violencia contra los partidarios de Morsi que se manifestaban en las calles pidiendo su vuelta: en una sola jornada, 50 personas murieron y cientos resultaron heridas a manos de los militares.

El rol de las fuerzas armadas en este contexto debería ser proteger que todas las opciones políticas puedan expresarse, pero el aplastamiento de un determinado grupo político por la fuerza militar o el cierre de medios de comunicación, son violaciones flagrantes del derecho a la libertad de asociación, de expresión y de información que no auguran un buen comienzo en esta nueva vuelta del camino a la democracia en Egipto.

Desde Alianza por la Solidaridad, y en el marco de la red europea SOLIDAR,  seguimos atentamente el desarrollo de los hechos en Egipto en esta nueva etapa, que abre importantes interrogantes. Sabemos que la democracia no es posible sin su pilar fundamental: el respeto pleno y la protección de los Derechos Humanos. Por eso trabajamos para promoverlos, a través de alianzas con organizaciones de todo el ámbito Mediterráneo, que exigen que la hoja de ruta del nuevo Gobierno egipcio pase por garantizar las libertades civiles y proteja especialmente los derechos a la libertad de expresión y de asociación.

En este contexto, la comunidad internacional ha de denunciar las prácticas que obstaculizan el avance de la democracia en Egipto, y apoyar la construcción de un marco de convivencia democrática que permita la participación política libre de toda la ciudadanía egipcia. Hoy, la capacidad de organización y movilización del pueblo egipcio para que se escuche su voluntad de una sociedad más justa abre una esperanza para el cambio.

Alianza por la Solidaridad trabaja desde hace años en el fortalecimiento de OSC en todo el mundo, apoyando a procesos democratizadores como los que se están dando actualmente en la región del Mediterráneo.