#Stopacaramiento llega al Congreso de los Diputados

Lunes, 30 junio 2014

La #MarcaEspaña no puede generar pobreza y hambre. Alianza por la Solidaridad ha expresado ante la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y ante la Comisión de Asuntos exteriores su preocupación ante el caso de acaparamiento de tierras llevado a cabo por la empresa española Agrogeba en Guinea Bissau, que ha supuesto la expulsión de más de 600 personas de sus tierras.

CongresoAcaparamiento

Con nuestra campaña “#Stopacaparamiento: por unas inversiones responsables” exigimos una mayor vigilancia ante las inversiones extranjeras directas en países en desarrollo, especialmente las que llevan a cabo las PyMES, porque suponen un grave peligro para el derecho a la alimentación de las poblaciones con las que trabajamos. Tanto Alejandro Alonso, portavoz de la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, como Mariví Monteserín, portavoz de la Comisión de Asuntos exteriores, han manifestado su compromiso por investigar el caso Agrogeba y su apoyo a las poblaciones afectadas por la llegada de esta empresa española, productora de arroz en Guinea Bissau. De hecho, ya han tramitado una pregunta a la Mesa del Congreso de los Diputados para exigir explicaciones sobre el caso.

Aprovechando la visita a España de Aua Keita, responsable de seguridad alimentaria de Aprodel, nuestra socia en Guinea Bissau, para participar en un curso sobre Activismos africanos de la Coordinadora de ONGD, quisimos llevar su testimonio al Congreso de los Diputados para dar a conocer las consecuencias de las malas prácticas empresariales que detrás de la “Marca España” generan pobreza y hambre en países en desarrollo.

También tuvimos la oportunidad de reunirnos con Jaime Hermida, subdirector de la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, para conocer el impacto que el “Plan de Derechos Humanos y Empresas”, aún sin fecha para su aprobación, puede tener sobre casos como el de Agrogeba.

Este Plan, creado con el objetivo de aumentar el control del Gobierno sobre las malas prácticas de las empresas españolas en el exterior, establece que las Embajadas en el exterior actuarían como oficinas de mediación de quejas y plantea la posibilidad de suspender ayudas para la internacionalización de las empresas si se demuestra un incumplimiento de los Derechos Humanos. Sin embargo, parece que el Plan tendrá una efectividad mínima: buenas intenciones pero pocos mecanismos de sanción y ninguna dotación presupuestaria para su puesta en marcha.


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