Empoderamiento político y económico de las mujeres indígenas de Bolivia

En Bolivia, la pandemia por COVID -19 ha tenido impactos directos e indirectos en los derechos humanos, sobre todo para los grupos en mayor situación de vulnerabilidad. La cuarentena en la que muchos países hemos ingresado, convierte al hogar nuevamente en un espacio que vulnera los derechos de las mujeres e incrementa la violencia, debido a que muchas de ellas están compartiendo el confinamiento con sus agresores, en el seno familiar.

Bolivia ha avanzado en cuanto al reconocimiento de marcos internacionales de derechos humanos y cuenta con un avance normativo protector en materia del derecho a una vida libre de violencia (Leyes 348 y 243 a nivel nacional), pero todavía presenta datos preocupantes que reflejan una brecha entre la norma y su aplicación, que afecta de manera directa al ejercicio de derechos de las mujeres en situación de mayor vulnerabilidad.

Mujeres indígenas bolivianas empoderadas

En respuesta a esta situación venimos implementando diversas acciones. Una de ellas es la implementación del proyecto “Garantizando a las mujeres indígenas el ejercicio pleno del derecho a una vida libre de violencias desde el empoderamiento personal y político en los municipios de El Alto y Sapahaqui del departamento de la Paz – Bolivia” financiado por el Ayuntamiento de Valencia e implementado junto con el Centro de Desarrollo Integral de la Mujer Aymara “Amuyta” CDIMA. El proyecto busca contribuir al pleno ejercicio del derecho de las mujeres a una vida libre de violencias que garantice su participación plena y efectiva en el ámbito personal y político. Su objetivo específico es fortalecer la participación ciudadana de las mujeres indígenas en situación de pobreza para mejorar la respuesta institucional a la violencia de género.

El proyecto inició el 1 de febrero de 2021, tendrá una duración de 12 meses, y se viene trabajando en los municipios alto andinos de El Alto y de Sapahaqui que cuentan con una importante población aymara. Capacitará a 440 mujeres como promotoras comunitarias, también contribuirá a que las nuevas autoridades municipales se fortalezcan en el manejo de las leyes en favor del derecho a vivir libres de violencias, como la ley 348- Ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia y la ley 243 – Ley contra el acoso y violencia Política hacia las mujeres. Asimismo, a nivel de campañas comunicacionales, se llegará a 23000 personas sensibilizadas en los derechos de las mujeres, una vida libre de violencia y contra el acoso y violencia política.

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