Trabas ilegales al empadronamiento de migrantes en municipios andaluces

Trabas ilegales al empadronamiento de migrantes en municipios andaluces

Desde Alianza por la Solidaridad-ActionAid exigimos que se dejen de poner trabas ilegales al empadronamiento de migrantes en municipios andaluces. Para ello hemos puesto en marcha una campaña de recogida de firmas y la difusión del documental Vecinas, vivas donde vivas. Donde contamos esta problemática en la voz de mujeres migrantes que viven en los asentamientos.

Trabas ilegales al empadronamiento de migrantes en municipios andaluces

Los ayuntamientos andaluces de Palos de la Frontera (Huelva) y Níjar (Almería), no están cumpliendo con la ley que permite el empadronamiento de todas las personas migrantes que residen en estos municipios.

Ya que según la resolución publicada en el BOE en abril de 2020 determinó la Ley 39/2015, de 1 de octubre, sobre Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: se debe permitir el padrón en todo tipo de domicilios, incluyendo infraviviendas como cuevas y chabolas.

En el apartado del empadronamiento se precisa que el padrón debe reflejar el domicilio donde realmente vive cada vecino de un municipio. Y añade que eso es completamente independiente de las controversias jurídico-privadas sobre la titularidad de la vivienda. Y también lo es de las circunstancias físicas, higiénico-sanitarias o de otra índole que afecten al domicilio.

En consecuencia, las infraviviendas de asentamientos como las que hay en los poblados chabolistas de Atochares (Níjar) o de Palos de la Frontera pueden y deben figurar como domicilios válidos, según la ley. Sin embargo, esta Ley está siendo sistemáticamente incumplida tal y como hemos podido comprobar.

La visión desde el documental: Vecinas, vivas donde vivas

A través de la investigación para el documental, hemos podido enumerar otros derechos fundamentales que están siendo vulnerados. Debido a las trabas y la falta de este documento, como pueden ser el derecho a votar. O solicitar prestaciones sociales, tener atención médica con la tarjeta sanitaria verde en Andalucía. O pedir una plaza en escuelas infantiles y solicitar o renovar un DNI y/o pasaporte, entre otros derechos.

Los consistorios donde se ha llevado a cabo esta investigación ponen numerosas trabas a las personas que quieren realizar este procedimiento, público y gratuito. Esto conlleva graves consecuencias y el incumplimiento de los derechos de las personas migrantes.

Nora Elhaimer, joven marroquí que participa en el corto-documental y reside en el asentamiento de San Isidro (Níjar) denuncia: «El empadronamiento es fundamental para todos los migrantes. A nosotros no nos gusta vivir aquí, bajo los plásticos. Pero no conseguimos un trabajo continuo y no podemos pagar un alquiler, la luz, el agua. Con papeles si encontraremos un trabajo digno para vivir como todo”.

Vulneraciones de los derechos básicos

Gracias a una investigación hemos constatado que no sólo hay una total falta de información adaptada a sus circunstancias y barreras idiomáticas en las oficinas públicas donde se realizan los trámites. También se les exige una documentación que no figura en la normativa. O se les obliga a pedir citas previas que no llegan nunca a materializarse.

Se ha descubierto también una serie de “malas prácticas”. Por ejemplo que una vez entregada la documentación no reciben un resguardo que permita hacer seguimiento del proceso. O una reclamación en el caso de no recibir la respuesta en un tiempo máximo de tres meses, como dicta la ley. O no permitirles llevarse los papeles impresos a casa, para rellenarlos posteriormente en el caso de no conocer muy bien el idioma.

Denunciamos que se están vulnerando derechos básicos, como el acceso a la sanidad y a la educación obligatoria de niñas y niños. O la atención desde servicios sociales para obtener orientación en formación, empleo, acceso a una vivienda o alimentación.

Ana Gómez, coordinadora de Alianza en Andalucía declara: “Consideramos esto como una forma de violencia institucional cuyas víctimas son invisibilizadas al no ser reconocida su existencia. La Junta de Andalucía debe presionar a los ayuntamientos para que se garantice que cumplen con la normativa existente, dado que se trata de una competencia local”.

Esto es una demanda que se realiza también desde otras organizaciones. Cabe señalar, que la denegación de este servicio, de forma totalmente discriminatoria, está fomentando un comercio ilegal, dado que las personas afectadas se ven abocadas a pagar entre 300 y 1.500 euros por conseguir el documento del padrón al que tienen derecho.

Entre Fronteras y la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo han producido y apoyado este documental.

 

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