A casi dos años de presentada la acción de inconstitucionalidad por la diputada Patricia Mancilla (Marzo 2012), el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de Bolivia emitió sentencia el 17 de Febrero del 2014. Las estadísticas recogen más de 40,000 abortos practicados al año, muchos de ellos en la clandestinidad y en condiciones insalubres, siendo la tercera causa de muerte materna en el país. Alianza por la Solidaridad trabaja junto al movimiento y organizaciones de mujeres por la despenalización del aborto en la región Andina.

El fallo ha dejado, por un lado, con sensación de logros y avances en materia de conquistas de los derechos humanos de las mujeres, particularmente de las más empobrecidas. La desjudialización de la práctica del aborto en casos específicos, se constituye en una oportunidad para evitar que más mujeres mueran por abortos inseguros. Antes del pronunciamiento del TCP las mujeres que quedaban embarazadas producto de una violación, estupro, incesto o cuando su salud o vida se encontraban en riesgo,  podían acceder a un aborto con una autorización judicial. Debido a la retardación de la justicia en Bolivia y a barreras socio culturales y religiosas, este requisito no permitía que el aborto se hiciera efectivo ya que concluía cuando el embarazo ya estaba muy avanzado o incluso cuando éste había terminado.

Por eso, no ponemos en duda que desjudicializar la autorización para el aborto en caso de violencia sexual, es ya un avance para mujeres adolescentes, jóvenes y adultas que viven procesos de violencia estructural en el país. Con el fallo emitido, en los casos de violación, las mujeres tienen que  presentar una denuncia ante la autoridad competente para poder dirigirse a un centro de salud y acceder a un procedimiento seguro, y en los casos en los que la vida o salud de la mujer corren peligro, el diagnóstico de una junta médica es suficiente para la práctica de un aborto seguro.

Por otro lado, la sentencia dejó sabor a poco, ratificando el carácter tutelado y minoritario que se  impone aún a las mujeres en el país. Considerar argumentos para no despenalizar demuestra una vez más la presencia patriarcal en una estructura estatal, en mecanismos e instrumentos legales, responsables de operativizar la política pública.

En base a esta resolución, nuestros desafíos todavía son muchos, ya que a pesar de la norma hay muchas barreras que enfrentar. Nuestra apuesta es trabajar por el cumplimiento efectivo del Artículo 66 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, informar a las autoridades sobre el riesgo que enfrentan las mujeres por no tener acceso a servicios legales y seguros de aborto por la existencia de leyes restrictivas que las empujan a la clandestinidad poniendo en riesgo su vida , trabajar con los y las funcionarias del sistema de salud para que el actual fallo se cumpla y presten servicios de calidad, promover la despenalización social del aborto con la población y  articular el trabajo con las organizaciones de mujeres y feministas aportando al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, visibilizando la problemática e incidiendo para que desaparezcan las restricciones y que las mujeres sean consideradas como sujetos plenos de derechos y tengan de una vez por todas el derecho a decidir.