El pasado 23 de noviembre se presentó en Sucre (Bolivia) el Tribunal Ético. El objetivo de este Tribunal es analizar casos de violencia de género, identificar derechos vulnerados y recomendar mejoras para que puedan encontrar una justicia eficaz y eficiente. Es una iniciativa nuestra junto al Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza (CPMGA), el Centro Juana Azurduy (CJA) y la Asociación de Concejalas de Bolivia (ACOBOL). Gracias también al apoyo de la Comunidad de Madrid y la Generalitat Valenciana.

Tribunal Ético, primera sesión

El Tribunal Ético analizó tres casos de violencia contra mujeres y dictó recomendaciones fundamentadas. Lo hizo señalando los derechos vulnerados por el Estado: a una vida libre de violencia y al acceso a una justicia libre con debida diligencia, explicó Magalí Chávez, coordinadora de programas de Alianza por la Solidaridad-ActionAid en Bolivia.

El Tribunal lo formaron Mónica Bayá, Secretaria Técnica de la Comunidad de Derechos Humanos en Bolivia; Gabriela Sauma, activista por los derechos humanos y Letrada de la Sala Segunda del TCP de Bolivia; y María Elena Attard, especialista en Derecho Constitucional.

Durante la primera parte de la sesión, las tres expertas en justicia, género y derechos humanos fueron presentadas. Posteriormente, el CPMGA, el CJA y ACOBOL mostraron al Tribunal los casos donde hubo vulneración de derechos y se negó el acceso a la justicia.

En segunda instancia, las expertas comentaron los casos presentados para luego tener una respuesta por parte de las y los representantes del Estado. Después, el Tribunal deliberó, presentó una argumentación jurídica y leyó un dictamen sobre la vulneración de derechos y las consiguientes recomendaciones para el Estado.

Tres casos, tres tipos de violencia

Los casos están relacionados con tres formas de violencia como son el feminicidio, violencia doméstica y acoso y violencia política.

El CPMGA presentó el caso de violencia política del que fue víctima la exconcejala Juana Choque quien, por presiones de su suplente y autoridades originarias de su municipio, se vio obligada a renunciar al cargo para el cual había sido elegida. Además, no recibió el pago de su salario.

El segundo caso que se presentó fue el de Verónica Mishel, víctima de feminicidio en 2013 y que, aún hoy, busca justicia.

El tercer caso abordó la violencia doméstica que vivió Fabiola Medina por parte del que fuera su pareja. Además, ella fue víctima del incumplimiento del debido proceso, retardación de justicia y revictimización por parte de la burocracia del sistema judicial del país.

“Se me ha revictimizado en cada proceso, en cada audiencia. Yo he tenido que mostrar que he sido víctima de mil y una maneras. Sometida a peritajes psicológicos, sometida a un montón de cosas para que se creyera lo que yo estaba diciendo. Con pruebas, con puntos, con testigos… y resulta que, después de cinco años, llega a uno de los vocales y extinguen el proceso. De la manera más simple. ¿Dónde quedamos las mujeres?”, se lamenta Fabiola Medina.

Entre las conclusiones, destacan la necesidad de que las instituciones garanticen una reparación integral, tanto a las víctimas como a sus familias; un mayor apoyo a los cuerpos de seguridad que intervienen en casos de violencia (mejor equipamiento, formación en género y violencia…); la necesidad de políticas de prevención en violencia de género; y la de aplicar la normativa vigente (Ley 348) con enfoque de género.

“Muchas veces se obvia que los familiares de las víctimas de muertes violentas también lo son, por lo tanto requieren apoyo psicológico fuera del tema de patrocinio legal. La sentencia en este caso no hace ninguna mención a la reparación integral para las víctimas ni para los familiares. Eso denota las deficiencias del servicio de atención a las víctimas”, señala Mónica Bayá, miembra del Tribunal Ético.