Recibe nuestras novedades

Trump criminaliza a toda la comunidad migrante indocumentada

Jueves, 16 febrero 2017

Alianza por la Solidaridad, como socia de ActionAid, nos sumamos a este llamamiento y a la necesidad de visibilizar la guerra abierta contra la inmigración que está liderando la Administración Trump.

Sanctuary-DC-Brandon-Wu-631x420

Después del final de la esclavitud, identificar a los afroamericanos como delincuentes se convirtió rápidamente en la herramienta elegida por los blancos, decididos a mantener su poder. El reciente documental 13th relata efectivamente esta historia. Una historia que continúa hasta el día de hoy con nuestra actual epidemia de agresiones policiales y encarcelamientos masivos que va, de forma desproporcionada, dirigida hacia las comunidades negras.

Los instrumentos de opresión pueden utilizarse contra todo tipo de poblaciones vulnerables y marginadas, por lo que no hay ninguna sorpresa en que la misma estrategia de criminalización también se haya utilizado de forma efectiva contra los inmigrantes en los Estados Unidos. Mucho antes de la administración Trump, las agencias de control migratorio pretendían dar prioridad a los “criminales extranjeros” para la deportación selectiva. Para la mayoría de estadounidenses resulta difícil estar en desacuerdo con ello, pues está profundamente arraigado en nuestra psique colectiva que los delincuentes, que han hecho cosas muy malas, son personas muy malas. De hecho, esta creencia colectiva es la que ha permitido la criminalización de las comunidades negras y el hecho de que Estados Unidos tenga la mayor tasa de encarcelamiento del mundo.

Lo que es más, la reentrada ilegal a los Estados Unidos –cruzar la frontera más de una vez sin documentación– es en realidad un delito considerado grave. Muchos de estos inmigrantes criminales, a quienes algunos podrían considerar como criminales reincidentes, son en realidad sólo personas que llegaron a los Estados Unidos, crearon una familia, fueron deportados y volvieron para reunirse con sus hijos. Y muchos otros “extranjeros criminales” son simplemente personas que fueron atrapadas usando identificaciones falsas u otras infracciones simplemente necesarias para vivir sin documentación.

Durante la toma de posesión de Jeff Sessions como nuevo fiscal general, dijo de los inmigrantes: “debemos acabar con esta ausencia de ley que amenaza la seguridad pública”.

Es casi irrelevante que se trate de una falsa premisa. En realidad, los inmigrantes son menos propensos a cometer crímenes que los no inmigrantes. La cuestión es que el señor Sessions está utilizando un marco retórico que justifica un punto de vista cada vez más agresivo y potencialmente violento contra las poblaciones de inmigrantes. Sessions tiene un sórdido historial abiertamente racista, y está trayendo a la Administración herramientas muy familiares utilizadas contra las comunidades afroamericanas para la actual guerra contra las comunidades de inmigrantes.

También posee un historial como antiinmigrante, llegando a ganar el dudoso premio de “El peor enemigo de Amnistía” del National Review en 2014.

Hace tiempo que sabíamos que esta sería una prioridad de la administración Trump. El 25 de enero, el Trump firmó dos órdenes ejecutivas sobre la aplicación de la ley de inmigración. El efecto principal de una de ellas es extender masivamente la lista de prioridades para la deportación, extendiendo la definición de lo que se considera “criminal”, hasta esencialmente englobar a toda la comunidad inmigrante indocumentada. En este marco profundamente preocupante, y posiblemente inconstitucional, de la orden ejecutiva, las personas delincuentes no son sólo aquellas que han sido condenadas por delitos, sino también:

  • Aquellas que “han sido acusadas ​​de cualquier delito penal, cuando dicho cargo no se haya resuelto”;
  • Aquellas que se cree que “han cometido actos que constituyen un delito penal imponible”;
  • Aquellas que “a juicio de un oficial de inmigración, representan un riesgo para la seguridad pública o la seguridad nacional”.

Se trata, obviamente, de categorías excesivamente amplias que ignoran el debido proceso legal y el hecho de que cualquier persona es “inocente hasta que se demuestre lo contrario” y devuelven una cantidad aterradora de poder a las manos de agentes de inmigración individuales. Y no es nada alentador que el sindicato del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas respaldase con entusiasmo la campaña de Trump y adoptase su retórica neofascista. Pero la mayor cuestión en juego aquí es la extensión de lo que el gobierno puede llamar “criminal”.

Muchos estadounidenses se sienten incómodos defendiendo los derechos de los “criminales”, especialmente cuando la palabra evoca imágenes de asesinos y violadores. La administración Trump lo sabe y está tratando de capitalizarlo para asegurar que sus ataques a las comunidades de inmigrantes –que ya han comenzado en masa y ya han dividido familias no se encuentren con una oposición masiva.

Sabemos por nuestra propia historia el impacto que puede tener la identificación de un grupo entero de personas como “criminales” y el aprovechamiento de toda la fuerza de los cuerpos policiales y otras instituciones estatales en su contra. De hecho, Jeff Sessions, que ha tenido un papel activo en la actual represión de las comunidades afroamericanas, lo sabe de primera mano, como ilustra de manera conmovedora la ahora famosa carta de Coretta Scott King.

Teniendo en cuenta su propio historial, es profundamente alarmante que ahora sea fiscal general –responsable de dirigir el Departamento de Justicia, que ha sido un actor crítico en la reciente lucha contra la brutalidad policial, y es generalmente responsable de la administración y aplicación de la ley federal de inmigración–.

La confirmación de un instigador abiertamente racista y antiinmigrante en el cargo de fiscal general es parte del antagonismo abierto de esta Administración contra las comunidades negras. Es un antagonismo que ha ido mucho más allá de la retórica –que ya es bastante dañina por sí misma en su empoderamiento de los grupos de odio neonazis y de extrema derecha– y que ya ha ido terriblemente lejos en políticas que perjudicarán directamente a innumerables familias y comunidades.

El nombramiento de Sessions deslegitima aún más la Administración Trump y significa que ActionAid USA y nuestros muchos aliados trabajarán aún más para resistirse, para empoderar a las comunidades vulnerables, para impulsar cambios políticos siempre que sea posible y para organizar una amplia oposición.

Los “ActionAiders” de todo el mundo tienen muchos años de experiencia luchando contra regímenes cada vez más autoritarios y opresivos, y llevaremos esta experiencia a nuestras luchas por la justicia aquí en los Estados Unidos.

Brandon Wu, analista político senior de ActionAid


Alianza por la Solidaridad, como socia de ActionAid, nos sumamos a este llamamiento y a la necesidad de visibilizar la guerra abierta contra la inmigración que está liderando la Administración Trump.

Somos conscientes de la necesidad de que este llamamiento vaya más allá de las fronteras de los Estados Unidos. Desde que Trump entró en posesión de su cargo, sus decisiones antiinmigratorias han llenado de indignación nuestras pantallas, periódicos, redes sociales y conversaciones. Sin embargo, en Europa, el continente que se presenta como el abanderado de los Derechos Humanos en los foros internacionales, las deportaciones de personas indocumentadas –por el sólo hecho de serlo– son el pan de cada día, y la persecución abierta hacia la inmigración y las comunidades no “euroblancas” es una historia de siglos. El pasado 26 de octubre, el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea, aprobaban sin ningún tipo de ruido un reglamento relativo al establecimiento de un documento de viaje europeo para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular.

Para un conjunto de redes africanas y europeas como AEDH, Loujna-Tounkaranké, Migreurop o el Observatorio Oeste-Africano de las Migraciones, este “salvoconducto europeo” supone un paso más en la estrategia de la Unión Europea de externalización de sus políticas migratorias, puesto que se trata de un documento de viaje emitido únicamente por los Estados miembros, que permite expulsar a una persona sin que se haya identificado en el país “tercero” del que supuestamente procede, “despreciando sus derechos y el principio de igualdad entre Estados soberanos” (garantizado por la Convención de Viena).

Nuestros líderes tal vez son más silenciosos que Trump y su Administración, pero no por ello sus acciones son menos peligrosas para los derechos humanos.

 

Imagen: inmigrantes hablan sobre sus experiencias en un evento organizado por Many Languages ​​One Voice, Washington DC
Crédito: Brandon Wu / ActionAid

Deja un comentario

Lo más visto de la semana

Perú debate la despenalización del aborto en caso de violación

Actualmente, en el país, el aborto es legal solo en los casos en los que la vida...

Derechos de las mujeres

Nuestras líneas de trabajo Los derechos humanos empiezan desde nuestros cuerpos...

Acción humanitaria

Nuestras líneas de trabajo Asistencia a refugiadas sirias en Jordania El 86% d...

Últimas noticias

Maricel Sandoval Solarte tiene 29 años y lleva 15 peleando por los derechos de su gente en el Cauca colombiano. Desde la ado...

Desde Alianza por la Solidaridad consideramos que la forma más eficaz de luchar contra las desigualdades y garantizar los de...

 Más noticias
Alianza por la Solidaridad usa cookies propias y de terceros con la finalidad de personalizar el contenido, mejorar la experiencia de usuario, ofrecer funciones de medios sociales y analizar el tráfico. Además, compartimos información sobre el uso que haga del sitio web con nuestros partners de medios sociales, de publicidad y de análisis web. Para continuar navegando debes aceptar nuestra Política de cookies
No acepto    Acepto
Empresas rentables pero responsables con los recursos
Aliadas
Únete, haz voluntariado
Visita nuestra Tienda Solidaria