Contaminación, acaparamiento de tierras, explotación de trabajadores, violencia contra defensoras de los derechos humanos y otras muchas conductas indebidas, son algunas de las malas prácticas empresariales que se dan en países empobrecidos. Sin embargo, las empresas multinacionales a menudo logran evitar las consecuencias de estas violaciones de los derechos humanos y los impactos ambientales que generan sus actividades. Para las mujeres, especialmente para las que viven en situación de vulnerabilidad en el Sur Global, esto es un problema aún mayor.

Empresas y Derechos Humanos, un asunto pendiente

Cuando hablamos de Derechos Humanos, los efectos negativos de las actividades empresariales no son, bajo ningún concepto, neutrales en cuanto al género. La irresponsabilidad en la actividad empresarial conlleva un terrible impacto en los derechos de las mujeres. Desde sus derechos económicos, incluyendo impactos en los medios de subsistencia y el acceso a la tierra, en el derecho a un empleo digno de las mujeres, hasta su derecho a la salud y al agua e incluso en sus derechos sociales como la participación política. El resultado es un aumento de la brecha de género y en ocasiones de la violencia contra las mujeres.

Cuando las fuentes de agua están contaminadas, las mujeres tienen que ir más lejos para recoger agua. Y cuando los niños enferman debido al agua contaminada, las mujeres se vuelcan en sus cuidados y con ello, en el trabajo doméstico. Las arraigadas desigualdades de género y las normas patriarcales hacen que las mujeres estén sobrerrepresentadas en el sector de la fabricación orientada a la exportación y el agroalimentario; ambos con condiciones de trabajo muy deficientes en muchos países del mundo. Las mujeres también son más vulnerables al acaparamiento de tierras. A pesar de ser las encargadas de producir gran parte de los alimentos que se consumen en el mundo, a  menudo no se les permite poseer tierras legalmente. Y cuando las mujeres se enfrentan a esta situación, se encuentran con decenas de barreras en la búsqueda de justicia debido a las normas patriarcales.

DesTieRRRadas

A todo ello, plantan cara las defensoras de derechos. Su lucha interfiere con los intereses de grandes empresas en países como Guatemala y El Salvador. Como mujeres se enfrentan a los mismos riesgos que los defensores de Derechos Humanos, pero además son víctimas de acoso y violencia sexual, son cuestionadas por su familia y comunidad, siendo discriminadas, incluso, por sus propios compañeros en las organizaciones sociales.

Para Alianza por la Solidaridad resulta fundamental visibilizar la lucha de las mujeres defensoras de derechos, denunciando las violencias que sufren. Las mujeres que defienden derechos son las protagonistas de DesTieRRRadas.

Debida diligencia: una ley contra las malas prácticas empresariales

Sin embargo, en los últimos años, los estados han comenzado a considerar introducir medidas vinculantes para prevenir y mitigar los abusos contra los Derechos Humanos, y para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de los abusos. Uno de los ejemplos es la Ley de debida diligencia obligatoria en materia de Derechos Humanos que surge en países como Francia. Esta ley se basa en las recomendaciones de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos. La debida diligencia obligatoria se considera fundamental para que las empresas identifiquen, prevengan y mitiguen los posibles impactos adversos.

Además, esta legislación debe implicar una responsabilidad significativa. También debe ofrecer acceso a recursos cuando se produzca una violación por parte de las empresas contra los Derechos Humanos a lo largo de la cadena de suministro. Y particularmente en lugares donde los marcos legales y la aplicación de las regulaciones que rigen la actividad empresarial sean débiles, como es el caso de muchos países empobrecidos.

Identificar, abordar y conseguir que las empresas rindan cuentas por sus malas prácticas empresariales sobre las mujeres es imprescindible. Y por ello, debe estar integrado en esta legislación emergente de debida diligencia, y en las políticas y estrategias más amplias de negocios y Derechos Humanos. De lo contrario corremos el riesgo de adoptar medidas que dejarán atrás a las mujeres.

Gracias a nuestro trabajo, hemos podido identificar en algunos países algunas de estas prácticas irresponsables y dañinas.