Victoria para las comunidades de El Salvador que denunciaron al Estado por no defender su derecho al agua
Tras la denuncia interpuesta por 21 comunidades del municipio de Nejapa el pasado mes de octubre ante el Tribunal Latinoamericano del Agua y la apertura de la audiencia la semana pasada, este organismo ha hecho pública su resolución en la que da la razón a estas comunidades. En esta sentencia el Tribunal reconoce que El Salvador es el país con menor disponibilidad de agua de Centroamérica y el tercer país más desigual en acceso al agua de la región, motivo por el que recomienda al estado tomar varias medidas para garantizar el derecho al agua a la población salvadoreña y la sostenibilidad de un acuífero de cuya agua dependen 30.000 personas.
Así, se ha exhortado al Estado de El Salvador a mantener la moratoria para otorgar nuevas licencias de explotación a las empresas, impuesta por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y como resultado de la presión internacional gracias a la campaña TieRRRa de Alianza por la Solidaridad. Del mismo modo, el Tribunal también ha recomendado la anulación de los permisos ya otorgados que estén causando impactos negativos en este acuífero, que se encuentra en estado crítico y acabará secándose en menos de 30 años si no se pone remedio, dejando a todas estas personas sin agua para vivir.
Entre las otras medidas que recomienda el Tribunal se encuentra la ratificación del artículo 69 de la Constitución salvadoreña, que fue modificado en 2012 para proteger el derecho al agua, y la aprobación de una Ley General de Aguas, una demanda que desde el Foro del Agua de El Salvador y Alianza por la Solidaridad también hemos llevado a cabo a través de la campaña TieRRRa.
Desde Alianza por la Solidaridad hemos estado acompañando a estas comunidades a través de la campaña TieRRRA, con la que, gracias al apoyo de más de 9.000 personas que firmaron nuestra petición online, conseguimos que el MARN paralizase el otorgamiento de nuevas licencias de explotación y se detuviera el proyecto de ampliación de una embotelladora de Coca-Cola que amenazaba con empeorar aún más el estado de esta reserva de agua.
Aunque esta resolución no es vinculante y no obliga a Estado a cumplirla, sí es una victoria para estas comunidades y organizaciones que deja patente la responsabilidad del Gobierno de El Salvador en la vulneración de los derechos de miles de personas y, en especial, de algo tan básico como el derecho al agua.
Les felisito por sus logros como una comunidad unida es muestra de que el pueblo unido jamas sera bencido que dios les de fuerza en srguir protegiendo lo nuestro