Como estamos viendo estos días*, los casos de violencia política contra las mujeres persisten de manera cotidiana y reducen la participación de ellas en la vida pública.

Violencia política como freno a la participación

La presencia femenina en la esfera pública y política ha ido creciendo a lo largo de los años, aunque continúa siendo insuficiente para lograr la equidad. Según datos de la Unión Interparlamentaria, el porcentaje de mujeres electas en parlamentos ha pasado del 11%, en 1995, al 26% en enero de 2022.

Además de la discriminación, una de las razones subyacentes de la reducida participación es el acoso y la violencia a los que se ven sometidas las mujeres que dan el paso. Esta violencia expresa hacia las mujeres se traduce en humillaciones, amenazas de muerte y de violación, bromas sexualizadas, insultos, comentarios sobre su vida privada, exclusión o interrupción constante en los debates, entre otras. En los casos más graves, ha conllevado el asesinato de dirigentes políticas.

*En España, los insultos desde la propia tribuna del Congreso a la ministra de Igualdad, Irene Montero, y a la diputada socialista, Laura Berja, o el acoso en su día a Mónica Oltra en su domicilio e, incluso, la difusión de imágenes íntimas de la entonces concejala Olvido Hormigos son solo algunos de los casos de acoso y violencia que sufren las mujeres en política.

Bolivia, pionera

En países como Bolivia, el asesinato de la concejala aimara Juana Quispe en 2012 terminó por impulsar la promulgación de la Ley Nº 243 contra el Acoso y la Violencia Política hacia las Mujeres. Una ley pionera en el mundo que respondía a “la necesidad de poder garantizar democracias igualitarias, sostenibles y sobre todo libres de violencia”, indica María Salvador, experta en derechos de las mujeres de Alianza por la Solidaridad-ActionAid.

En palabras de Toribia Flores Willca, lideresa aymara, exsubalcaldesa del distrito indígena y concejala del municipio de Ayata en Bolivia:

“La Ley es un paso, pero es insuficiente para proteger a las mujeres que todavía venimos sufriendo persecución y acoso”.

“Además de marcos legislativos, es imprescindible hacer un trabajo de sensibilización y garantizar y construir otra forma de hacer política más igualitaria y pacífica, en lugar de generar espacios de violencia, como estamos viendo últimamente”, insiste María Salvador.

Esta ley boliviana inspiró a su vez una Ley Modelo, impulsada por la Organización de Estados Americanos, y ya son hasta 12 países latinoamericanos los que han adoptado legislaciones para proteger este derecho.